Pedro González, de UNESA, subraya en este artículo una realidad que ha sido repetida en las últimas semanas por muchos expertos: si el proceso de adjudicación de las subastas es muy limpio, pero finalmente no se construyen los proyectos, no sirve de nada. Es decir, el objetivo de la nueva subasta renovable no es solamente que se adjudique la máxima capacidad al menor precio, sino cumplir con el 20% de renovables en la energía en 2020.
Cuando apenas estábamos comenzando a analizar el resultado de la primera subasta que adjudicó 3.000 MW de nueva potencia renovable, nos encontramos con el lanzamiento de una nueva subasta con las mismas condiciones que puede adjudicar una cantidad a priori igual. Toda una sorpresa, sin duda.
Pero vamos por partes. La primera subasta ha resultado ser un éxito en términos de oferta presentada y de competitividad, al adjudicarse la máxima cantidad prevista al máximo descuento. Sin embargo, no ha estado exenta de controversia, principalmente por la aplicación del principio de neutralidad tecnológica.
La tecnología que ha resultado adjudicataria ha sido la eólica, con 2.979 MW, mientras que la adjudicación a la fotovoltaica ha sido marginal, al aplicar una regla por la cual, en caso de ofertar el mismo descuento, tenía prioridad de entrada la tecnología con mayor número de horas de funcionamiento.
Una subasta abierta en la que compitan todas las tecnologías es un principio que, a partir de ahora, va a ser difícilmente renunciable si atendemos a la normativa que se está preparando en Bruselas. Otra cuestión distinta es qué es lo que se oferta y cómo se traduce en el precio, algo que en España va unido al esquema retributivo de las renovables, que tiene un grado de complejidad elevado.
[pullquote]”El resultado muestra que se han superado las dudas iniciales sobre el volumen de oferta, el precio resultante e, implícitamente, el apetito de los inversores para atraer financiación ofreciendo una rentabilidad mínima exigida”[/pullquote]
El caso es que el resultado muestra que se han superado las dudas iniciales sobre el volumen de oferta, el precio resultante e, implícitamente, el apetito de los inversores para atraer financiación ofreciendo una rentabilidad mínima exigida. Con todo, no podemos hablar todavía de éxito.
Escuchaba recientemente a un funcionario decir que el seguimiento en las adjudicaciones de los contratos públicos es el pariente pobre de la administración. Y no le falta razón. La normativa está perfectamente engrasada para que el proceso de adjudicación sea inmaculado y no se susciten dudas sobre la limpieza del mismo. Pero, una vez que se adjudica el contrato, el seguimiento ya no genera tanta presión en la administración y el hecho de que se ejecute o no pierde cierta relevancia; al fin y al cabo el proceso ha sido limpio.
En este caso de las subastas veo cierta similitud, ya que todo lo que tiene que ver con la subasta se sigue al máximo detalle, pero si finalmente los megavatios adjudicados no se llevan a cabo tampoco pasa nada relevante, más allá de perder los avales depositados y un gran esfuerzo humano y económico. Y es aquí donde los derechos de acceso y conexión o los distintos permisos administrativos juegan un papel relevante a la hora de hacer desistir al adjudicatario de la subasta.
Nueva subasta renovable
Por esta razón, la agilidad administrativa es clave para asegurar el éxito y no estoy seguro de que sea este el caso; por ejemplo, muchos derechos caducan en los próximos dos años y las distintas normativas autonómicas son siempre un reto constante para desarrollar proyectos.
De este modo, el objetivo de la subasta no es solamente que se adjudique la máxima capacidad al menor precio; también lo es que finalmente se construyan los megavatios. No debemos olvidar que la celebración de estas subastas responde a un único objetivo: cumplir con el 20% de renovables en la energía en 2020. Si el proceso es muy limpio, pero no se construye, no sirve de nada.
Con las cantidades adjudicadas en 2016 (700 MW) y las de 2017 (3.000 MW), la contribución renovable del sector eléctrico en 2020 es probable que supere el porcentaje de penetración de renovables comprometido para el sector en la planificación. Pero a día de hoy no se sabe si esto va a ser así y si será suficiente para alcanzar el compromiso adquirido como país.
Resulta que la planificación exigía 8.000 MW de nueva capacidad renovable para el sector eléctrico, pero con escenarios de demanda muy por encima de la realidad actual. Del mismo modo que la contribución del resto de sectores también parece que va a ser inferior a la inicialmente esperada.
[pullquote]”Falta una senda clara y transparente que nos diga cómo de lejos estamos del objetivo y cómo y cuándo vamos a llegar al mismo”[/pullquote]
Así, en principio con estas dos subastas el sector eléctrico podría cumplir con su parte, pero no se sabe si esto será suficiente. Es decir, falta una senda clara y transparente que nos diga cómo de lejos estamos del objetivo y cómo y cuándo vamos a llegar al mismo. Esta predictibilidad es deseable, porque es positiva al traducirse en una certidumbre que evita decisiones incorrectas por parte de los agentes que generan ineficiencias al sistema.
Y en estas nos encontramos con una nueva subasta de 3.000 MW que nos indica que, con las cantidades subastadas hasta ahora, no llegamos al objetivo de 2020. No se entendería superar el objetivo en el entorno actual de mejora constante en el precio al que pueden ofertar las renovables, tanto la eólica como la fotovoltaica. Supondría un sobrecoste innecesario para el consumidor. Así que es probable que el Gobierno maneje escenarios de un importante crecimiento del consumo energético hasta 2020 ligados al crecimiento económico.
[pullquote]”Tampoco está clara cuál va a ser la contribución renovable de esta subasta al desarrollarse en iguales condiciones a la del pasado 17 de mayo”[/pullquote]
No obstante, tampoco está clara cuál va a ser la contribución renovable de esta subasta al desarrollarse en iguales condiciones a la del pasado 17 de mayo. El hecho de que concurran diversas tecnologías que, en media, producen electricidad con distintos factores de carga, asegura una producción renovable variable en función de las tecnologías resultantes de la subasta. Más incertidumbre.
En definitiva, todo indica que la nueva subasta es necesaria, pero no sabemos si con esta cumplimos. La razón de esta incertidumbre viene del lado de la demanda -desconocemos las expectativas de consumo energético que se barajan a futuro- y del lado de la oferta – desconocemos el grado de ejecución de los megavatios subastados y pendientes de subastar-, lo que no es una buena señal, porque podemos quedarnos cortos con respecto al objetivo o pasarnos, ambos escenarios indeseables.
A futuro, los planes integrados que debemos presentar ante la Comisión Europea parece que nos aportarán mayor visibilidad, pero no hay duda de que cuanto antes se produzca, mucho mejor.
Pedro González
Director de Regulación y Asuntos Económicos de UNESA
