El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley para su debate en Comisión en la que pide facilitar al máximo la reapertura de las plantas de purines, restablecer en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de su vida útil regulatoria así como un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental.
La portavoz de Energía, Pilar Lucio, junto a otros diputados socialistas, han registrado el pasado jueves día 18 en el Congreso una proposición no de ley conjunta sobre las plantas de tratamiento de purines, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Según recoge el PSOE en un comunicado Lucio ha explicado que esta iniciativa insta al gobierno a “facilitar al máximo la reapertura de las plantas de purines para que permita un marco adecuado para su desarrollo y el del sector, ya que disponen de los permisos necesarios, la infraestructura adecuada y una localización estratégica”.
El problema con estas plantas, tal y como explico Lucio es que “en su momento, el gobierno del PP llevó a cabo el grave recorte de primas -como consecuencia de la Ley del sector eléctrico- a las energías renovables que trajeron a la quiebra de las 29 plantas de tratamiento de purines existentes al Estado”.
Perjudicadas por la Ley del sector eléctrico
Según ha señalado “esto provocó la pérdida de más de 500 puestos de trabajo directos y un millar de indirectas y se dejaron de tratar más de 2,5 millones de toneladas cada año de purines a zonas especialmente vulnerables de contaminación de aguas subterráneas”.
Asimismo, y según recoge el comunicado, la parlamentario socialista dijo que “a principios de este año el Ministerio de Energía rectificó pero redujo también la vida útil de las plantas de 25 a 15 años, algo que ha provocado que 3 de las plantas que habían emprendido la actividad hayan tenido que parar y que a 16 las queden sólo 3 años de vida útil”.
La iniciativa está firmada, además por los parlamentarios socialistas Marc Lamuà, Meritxell Batet, Mercè Perea, Guadalupe Martín, María González, Gonzalo Palacín, José Miguel Camacho, Lidia Guinart, Javier Antón y José Zaragoza.
Precisamente Guadalupe Martín ha explicado a EnergyNews que todo empezó cuando desde el grupo municipal socialista de Polán, en Toledo, donde hay una planta de purines, se pusieron en contacto con ellos para trasladarles el problema de pérdida de trabajo que podía suponer la suspensión de la planta cuando estaba operativa y con rentabilidad y con un número de empleos importante para una localidad como la suya.
A partir de ahí se pusieron a indagar y comprobaron que éste es un problema que afecta a diferentes territorios, en Murcia, en Aragón, en Castilla y León, en Cataluña, “es decir, es una problemática que está repartida por todo el país“, nos cuenta. De ahí la presentación de la proposición no de ley.
Plantas de purines como energías alternativas
En ella también se pide “restablecer en el menor tiempo posible el plazo de 25 años de vida útil regulatoria de las plantas de purines que figura en el artículo 5 de la Orden Ministerial IET/1045/2014 tal como indica el artículo 14.4.1 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico”, en el que se señala que en ningún caso, una vez reconocida la vida útil regulatoria o el valor estándar de la inversión inicial de una instalación, se podrán revisar dichos valores”, subrayó la portavoz socialista.
Además, la pnl insta a llevar cabo “un Plan Nacional de Tratamiento del Excedente de Purines y de Reducción de su Impacto Ambiental, en el plazo de seis meses y en coordinación con las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y con los departamentos ministeriales implicados”.
Guadalupe Martín ha señalado también a esta diario que acompañando a esta propuesta han presentado una enmienda a los presupuestos para que vuelva a haber partidas que apoyen la reutilización de estas energías alternativas que pueden ser positivas.
Un problema medioambiental gravísimo
Es más, “de no hacerlo, se está creando un problema medioambiental gravísimo -dice- porque los agricultores de la zona empiezan a utilizar la producción de purines de las granjas de cerdos cercanas como abono para el terreno y suponen unas filtraciones tremendas en acuíferos“.
Por todas estas razones, el GPS ha pedido al Ejecutivo que no ponga “más trabas a un sector, como es el porcino, que es el segundo más importante de la Unión Europea y el cuarto productor mundial, con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales y 200.000 puestos de trabajo directos”, prosigue el comunicado.
Por último, Lucio ha explicado que “es imprescindible garantizar la viabilidad de las plantas de cogeneración de tratamientos de purines”, razón por la que el GPS ha presentado una enmienda de adición a las disposiciones adicionales para que “se proceda al cumplimiento de la sentencia de 20 de junio de 2016, del Tribunal Supremo, que declara parcialmente la nulidad de la Orden IET/1045/2014 y viene a anular el recorte de las primas a la cogeneración en cuestión”.
