El fracking o la técnica de la fractura hidráulica para conseguir gas no convencional sigue estando en el punto de mira. Mientras continúan las protestas de colectivos ecologistas y de energías renovables por sus implicaciones medioambientales, el ministro de Industria, José Manuel Soria, se reafirma en su postura, dejando la última responsabilidad a las Comunidades Autónomas.
Con motivo de la visita este lunes a Cantabria del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, cerca de un centenar de personas se concentraban para reclamar que se retiren los permisos para la realización de prospecciones a través de la técnica de la fractura hidráulica o fracking en su región. Pero el ministro ha esquivado las críticas diciendo que las autorizaciones o denegaciones de los permisos corresponde «única y exclusivamente» a las Comunidades Autónomas siempre que éstas cumplan el «acuerdo normativo» de la Legislación Básica del Estado.
Durante la protesta, los manifestantes, Asamblea Cántabra Contra el Fracking y Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, exigían al ministro que “haga caso a la población y que derogue los permisos” porque dudan de la eficacia de la Ley aprobada por el Parlamento regional para prohibir el uso del fracking ya que supone un «conflicto de competencias» con el Estado.
Para los colectivos ecologistas, esta nueva tecnología no tiene sentido en España porque «penaliza gravemente la mayor riqueza que tenemos en este momento, que es el sol». Para Greenpeace, «las energías renovables son la solución a la crisis económica, no solo por la creación de empleos directos sino porque ya existe un sector empresarial y tecnológico dispuesto a aprovecharlas”.
La postura de Industria
Frente a todas estas protestas, Soria ha asegurado que las autorizaciones o denegaciones de los permisos para realizar prospecciones mediante la fractura hidráulica (Fracking) corresponde «única y exclusivamente» a las Comunidades Autónomas siempre que éstas cumplan el «acuerdo normativo» de la Legislación Básica del Estado, para después añadir que el Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros una modificación de la Ley General de Hidrocarburos de 1998 para que la tecnología de la facturación hidráulica «sea, al igual que ya lo es en muchos otros países del mundo y también en Europa, una realidad».
Por tanto, Soria ha aclarado que si una determinada autorización o denegación de cualquier comunidad autónoma de un permiso para la realización de prospecciones a través de fracking, «dentro de lo que son sus márgenes competenciales, determina una decisión que no sea conforme a esa legislación básica, lógicamente los interesados recurrirán o no esa decisión y ahí lógicamente fallarán los tribunales», es decir, que «esa autorización o denegación no es un procedimiento discrecional, es un procedimiento reglado”. También ha ensalzado que la reglamentación para el uso de la fractura hidráulica «va a formar parte de la Ley General de Hidrocarburos».
Si bien, lo que a Soria le «preocupa tanto o más» es que en esas prospecciones se determine que «ni hay petróleo ni hay gas» porque «eso significaría que seguiríamos en una enorme vulnerabilidad, en una enorme dependencia del exterior y por tanto en una enorme dependencia de la balanza comercial respecto a las importaciones de hidrocarburos», ha dicho.
