Por Laura Ojea.
Ya os contamos hace un mes que asociaciones de renovables, grupos ecologistas y plataformas ciudadanas presentaron ante el Tribunal Supremo varios recursos contencioso-administrativos contra el RD de Autoconsumo aprobado en octubre y su polémico impuesto al sol. Ahora, este Tribunal ha admitido a trámite la documentación, lo que supone que, por el momento, lo va a estudiar.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), la Asociación Nacional de Inversores en Energía Fotovoltaica (Anpier) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) junto con la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Greenpeace, Comisiones Obreras y organizaciones de consumidores presentaron el pasado 10 de diciembre varios recursos contra el Decreto de Autoconsumo ante el Tribunal Supremo.
Apenas un mes después, sabemos que el recurso de APPA, que fue interpuesto ante la sala tercera del Tribunal Supremo, fue admitido el pasado 7 de enero, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE). «De momento solo se ha admitido el de APPA porque hay que presentar documentación y el resto de organizaciones, por una cuestión de tiempo, les faltaba alguna en la fecha prevista. Sin embargo, no me cabe ninguna duda de que en los próximos días conoceremos que han sido admitidos todos los recursos presentados», explica a EnergyNews Daniel Pérez, abogado de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law.
Pero, en cualquier caso, no cabe duda de que es un primer paso para que el Tribunal dictamine en contra. Y es que para Piet Holtrop, abogado de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law, cabe la posibilidad de que así sea. “Hay precedentes como el bono social, donde el Supremo aplicó el derecho europeo, también la ley hipotecaria, el canon digital, el céntimo sanitario…”.
Iberdrola se persona en la causa
«Ahora lo siguiente es la personación en 9 días», continúa Daniel Pérez, «Iberdrola ya se ha personado para defender la normativa del Gobierno, (no es la primera vez que lo hace), y por tanto con esta acción retrata sus intereses. También se personó en su momento a favor del recorte a las renovables. Sorprende que dedique recursos económicos y humanos a poner trabas a estos procedimientos. Algo estaremos haciendo bien».
Tras esta fase, se enviará la documentación generada a todas las partes interesadas en el proceso. Después se realizará el escrito de demanda, que se presentará en el plazo de un mes, para posteriormente abrir 20 días hábiles donde se podría realizar una contestación a aquélla.
Una vez en este punto, ya solo restaría la fase de prueba, donde se mostraría la documentación que se acredita en el recurso, o la pericial si es necesaria, el trámite de conclusión, y la sentencia. «En definitiva, que hay un riesgo importante de que el RD de Autoconsumo no se haya derogado antes del 10 de abril, fecha tope para aquellos autoconsumidores que no hayan declarado su instalación. Nosotros aconsejamos que lo hagan si no quieren ser penalizados», concluye el abogado, «pero no es por una cuestión judicial, porque el Supremo no va a resolver este asunto en cuatro meses, sino por una cuestión política, porque aún no sabemos cuál va a ser el próximo Gobierno, y de formarse uno, si éste sería favorable a la derogación del decreto».
Para la asociación fotovoltaica ANPIER, que se persone Iberdrola en todos los procedimientos que ellos recurren no es una novedad. «Generalmente recurren casi todo», confirma a EnergyNews Juan Castro-Gil, secretario y abogado de ANPIER, «a veces solo para mirar y otras no, y en este caso nos ha sorprendido que se hayan personado pero que no hayan recurrido».
Impuesto al sol
Para el sector renovable, el decreto discrimina a las tecnologías limpias en beneficio de las tecnologías fósiles, al tiempo que vulnera el principio constitucional de la libertad de empresa e incurre en el incumplimiento de la Directiva 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Los firmantes de los recursos entienden que el RD 900/2015, además de instaurar el que se ha denominado “impuesto al sol” y limitar radicalmente la implantación del autoconsumo de energía eléctrica, vulnera la Constitución Española, puesto que la aplicación de peajes al autoconsumo supone una arbitrariedad con respecto a otras tecnologías que también autoconsumen pero a las que no se les aplica carga alguna.
Además, entienden que existe una «clara vulneración» de la Directiva 2009/72/CE del mercado interior de la electricidad, puesto que la norma impone «unos peajes discriminatorios, así como medidas antieconómicas y desproporcionadas para los consumidores».
Un norma sin parangón en ningún otro país de la Unión Europea que aleja a España de un nuevo modelo de generación limpia y social, y de la consecución del objetivo europeo de lograr cubrir, al menos, el 20% del consumo final de energía con fuentes renovables para el año 2020.
