El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que actualiza las bases del funcionamiento del mecanismo de compensación de los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para la industria electrointensiva. De este modo, España se adapta a las nuevas directrices aprobadas por la Comisión Europea para el periodo 2021-2030. El nuevo mecanismo incluye las normas que se aplicarán hasta 2030, recoge nuevas obligaciones y actualiza a los sectores beneficiarios.
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha señalado: “Las ayudas adjudicadas por este mecanismo son clave para la gran industria porque mejora su competitividad y refuerza sus capacidades industriales y el empleo, evitando el traslado de la actividad productiva de los sectores en riesgo de fuga de carbono a terceros países. Además, estas ayudas son un instrumento muy necesario para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a hacer frente al incremento de los precios de la electricidad. Para el 2022 se van a movilizar un total de 244 millones de euros en ayudas al CO2 gracias a la aportación extraordinaria de 65M€ que se aprobó en el Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania, lo que muestra nuestro compromiso con la gran industria”.
Compensación de los costes de emisiones
La compensación que recibirán las empresas se llevará a cabo reembolsando parcialmente los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior. El importe máximo que percibirán las industrias electrointensivas será, por lo general, igual al 75% de los costes de las emisiones indirectas que hayan asumido.
Con el objetivo de contribuir al proceso de descarbonización, las compañías que perciban ayudas habrán de mejorar su eficiencia energética, reducir la huella de carbono de su consumo eléctrico o invertir al menos el 50% de la ayuda en tecnologías para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus emplazamientos.
Evitar la “fuga de carbono”
La Comisión Europea dio luz verde el pasado mes de marzo al proyecto de 2.900 millones de euros del Gobierno español para compensar de forma parcial los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero entre 2021 y 2030. La CE considera que este plan es necesario para ayudar a las empresas de alto consumo energético a cubrir parte del aumento de los precios de la electricidad, una situación que, en parte, deriva del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad.
El objetivo de apoyar a las empresas a cubrir parte de sus gastos es reducir el riesgo del fenómeno conocido como “fuga de carbono”. Esta situación se da cuando las empresas trasladan su producción a países no pertenecientes a la UE con políticas más laxas en lo relativo a clima. Esto deriva en una menor actividad económica en la Unión Europa y en la no reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global.
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