La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por ANFAC (automoción), AOP (refino), ASPAPEL (papel), FEIQUE (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), OFICEMEN (cemento) y UNESID (siderurgia), ha presentado un programa de 10 medidas para impulsar la industria general y los sectores productivos tractores para relanzar la economía a la mayor brevedad posible.
En España, la industria productiva genera el 13% del PIB y el 12% del empleo de forma directa, que llega al 43% del PIB y el 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos. Los puestos de trabajo que proporciona son, además, de alta calidad en términos de salario, estabilidad y formación. Es, asimismo, responsable del 92% de las exportaciones y de más del 50% de la inversión privada en I+D+i.
Así, la industria española supone un activo fundamental para hacer frente al COVID-19, facilitando los servicios y productos esenciales y constituyendo una base económica sólida en un momento crítico.
Medidas que propone la industria española
Por ello, la Alianza por la Competitividad de la Industria ha pedido al Gobierno la activación de un paquete de medidas que consideran imprescindibles para el inicio de la recuperación de la actividad económica en España. Estas son las 10 medidas que se han presentado al Gobierno y a los partidos con representación en el arco parlamentario:
- Estimular los proyectos de inversión industrial estableciendo, para ello, una Línea de Incentivos integrada en los Planes de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial del Ministerio de Industria, con condiciones diferenciales que propicien su ejecución y la generación de empleos sólidos y sostenibles.
- Impulsar la demanda nacional e internacional del sector de la Automoción, que, con una fuerte capacidad exportadora y de innovación y tecnología, genera prácticamente el 10% del PIB de nuestro país. Para ello, se propone activar un plan de choque nacional coyuntural de apoyo a la demanda para la renovación del parque de automóviles, con todas las tecnologías disponibles, que ayude a la recuperación global del mercado, así como la implementación de medidas potentes de apoyo a la infraestructura de recarga.
- Impulsar la actividad de la Construcción y de los sectores auxiliares y de servicios conexos, ya que suponen de forma directa e indirecta el 14% del PIB.
- Diseñar un plan de apertura escalonada del comercio minorista y de la hostelería, para lo que será necesario desarrollar un Plan de reapertura progresiva que permita recuperar de forma óptima y eficaz estas actividades, si bien deberá estar sujeto a los requerimientos de prevención que determinen las Autoridades.
- Reducción de los Costes Energéticos, ya que, si bien la actual coyuntura ha generado precios eléctricos anormalmente bajos, los mercados a futuro continúan mostrando precios elevados y nuevamente costes superiores a los de nuestros competidores.
- Promover la Exportación y el acceso a mercados exteriores, dada la caída del consumo interior, con el fin de poder mantener las actividades productivas del tejido industrial y garantizar el empleo directo, indirecto e inducido que genera.
- Incrementar la eficiencia en el transporte de mercancías y en la cadena logística, un factor fundamental para garantizar el abastecimiento de materias primas y del producto final que llega al consumidor.
- La aplicación de medidas financieras concretas como la dotación de una cobertura crediticia en las operaciones comerciales o garantizar los pagos tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas con aplicación estricta de la Ley de Morosidad.
- Moratoria en la imposición de nuevas figuras tributarias sobre la industria ya que, dada la situación actual, es necesario que las Administraciones Públicas no implanten nuevas figuras fiscales que mermen la competitividad de la industria, los sectores productivos en general o el consumo, situaciones que lastrarían gravemente la recuperación económica y la creación de empleo.
- Facilitar la prevención y control del COVID-19 en los centros de trabajo. Para ello, las autoridades competentes deben establecer sistemas de garantía para el abastecimiento y adquisición de EPIs que permitan continuar con la actividad empresarial y, simultáneamente, el Sistema Nacional de Salud debe proveer de pruebas de diagnóstico fiables a los servicios de prevención de las empresas.
En definitiva, la Alianza cree que es fundamental que el Gobierno acelere en la puesta en funcionamiento de un programa capaz de proteger e impulsar la competitividad de la industria, así como de todos los sectores productivos en su conjunto. Todo ello con el fin de que la industria pueda contribuir a la reconstrucción social y económica necesaria cuando se supere la crisis sanitaria.
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