Ayer se celebró en Madrid la Jornada «Fundamentos de una estrategia procesal ante la reforma eléctrica» organizada por Javier García Breva, experto en energía. José Antonio Martín Pallín, ex-Magistrado del Tribunal Supremo, aseguró que si se tuviera que dictar sentencia sobre la situación que vive el sector, el veredicto sería que «las renovables no son culpables».
El sector de las renovables se muestra cada vez más expectante y busca conocer su posible marco de acción por la vía judicial una vez que se apruebe definitivamente la reforma eléctrica. Por ello, ayer, miércoles, 11 de diciembre, la Oficina de Javier García Breva organizó una jornada multitudinaria, con más de 150 asistentes, en la que se expusieron posibles estrategias procesales. Para ello, se contó con la presencia de Jaume Margarit, director general de APPA, Asociación de Productores de Energías Renovables, y de José Antonio Martín Pallín, ex-Magistrado del Tribunal Supremo.
Las renovables frente a la reforma
José Antonio Martín Pallín tiene claro que la reforma eléctrica tal y como está planteada “va en contra de las directivas europeas sobre renovables, de hecho, para la Unión Europea las renovables son las energías prioritarias, y denomina a las convencionales “carbonizadas”, lo que da una idea de cuál va a ser su elección en caso de discusión”.
Precisamente por eso, Martín Pallín asegura que “las renovables juegan en un campo abonado en un entorno europeo. Hay consenso entre todos los Comisarios y desde la Comunicación de 31 de enero de 2011 hay una política sobre energía renovable en la que se ha marcado como objetivo el mítico 20% en 2020. Por eso, en mi opinión, no nos costará mucho convencer a los jueces”.
Desde el año 1985, en el que se firmó la adhesión de España a la Unión Europea “los jueces ya no sólo son españoles, también son comunitarios y por tanto, según el artículo 96 del Tratado, lo que decida la Unión Europea, el Parlamento lo tramitará y el Consejo de Estado deberá proveer a las Comisiones pertinentes información sobre la tramitación de estos asuntos”, afirmó Martín Pallín, “en otras palabras, la naturaleza de lo que se decide en Europa tiene un peso de ley como cualquiera otra que pueda aparecer en el BOE”.
Principio de Seguridad Jurídica
Otro de los argumentos que el ex-Magistrado del Tribunal Supremo alega es la protección que otorga la Constitución Española especialmente en el artículo 9.3, en el que se garantiza el principio de legalidad, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y la seguridad jurídica por parte de todos los poderes públicos. A nivel europeo, además, se ha construido otro concepto, “la teoría de la confianza legítima, de origen jurídico alemán, que deduce que si la seguridad jurídica es una medida política objetiva, la confianza es una consecuencia subjetiva que tiene el ciudadano de que eso se cumple”.
Por eso, Martín Pallín considera que “con la reforma eléctrica, el sector renovable ve defraudada esa confianza legítima y además, los continuos cambios legislativos han agravado esa incertidumbre”.
“Hay material suficiente con resoluciones que apoyan este principio, hay base suficiente para reclamar judicialmente ya que los poderes públicos no responden, y hay sentencias contundentes en las que el Tribunal Supremo ha invalidado reglamentos estatales”, concluyó.
Otras acciones complementarias
Martín Pallín invocó al principio de concentración o de unidad frente a las decisiones políticas porque en la unión está el éxito, además “transmitir a la opinión pública esta emergencia social que está favoreciendo a los fuertes” y propuso incluso “la posibilidad de acudir al Defensor del Pueblo”.
En cualquier caso, no descartó que las acciones judiciales traspasen las fronteras del país y se pueda incluso trabajar paralelamente en una línea de arbitraje internacional.
