Por Laura Ojea
El pasado 10 de julio el Ministerio de Industria anunció una modificación en el importe de los pagos por capacidad, un mecanismo que retribuye a las centrales térmicas de ciclo combinado solo por estar disponibles, aunque no produzcan electricidad. De agosto a diciembre se reducirá ese importe un 40%, pero ¿es una decisión discrecional del Gobierno o hay fundamento legal?
Desde este próximo mes de agosto hasta diciembre se van a reducir en un 40% los ingresos destinados a los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado, pero a partir del 1 de enero de 2016 suben de nuevo aunque manteniendo un descenso del 16% respecto al precio actual. Una pequeña buena noticia, ante el drama de precios mayoristas actuales.
En 2015, Industria aprobó unos pagos por capacidad a las eléctricas propietarias de los ciclos combinados de 685 millones de euros, sin embargo, los ingresos que se obtienen alcanzan la suculenta suma de alrededor de los 1.400 millones de euros. Si ahora Industria reduce el importe en un 40%, el ahorro previsto en esta partida puede alcanzar una cifra estimada de alrededor de 500 millones a repartir entre todos los consumidores, y aún así tendría superávit en esa partida de unos 200 millones de euros.
Qué son los pagos por capacidad
Los Pagos por Capacidad son un instrumento regulatorio que se utiliza en los mercados eléctricos de muchos países, entre ellos Reino Unido y Francia, como complemento a centrales de ciclo combinado para incentivar la inversión y la disponibilidad de generación para cubrir la demanda en horas de punta del sistema. Los pagos por capacidad son, pues, un medio de supervivencia para centrales con un funcionamiento muy bajo pero que, en su momento, fueron necesarias para cubrir la demanda de energética.
En los últimos años está sobre la mesa la necesidad de este concepto que corre a cargo de todos los consumidores en la parte regulada del recibo de la luz, ya que la potencia instalada en España en 2014 se situó en 108.142 MW, un 40% más de lo que necesita nuestro país y los ciclos combinado apenas operan a un 10% de sus posibilidades, lo que hace pensar que son innecesarios.
Incluso la CNMC, en su último informe sobre la planificación de la red de transporte eléctrico 2015-2020, el regulador propone cerrar plantas de ciclo combinado no solo por el exceso de potencia que existe en España, sino porque serán innecesarias ante la previsión de un escaso crecimiento de la demanda.
¿Qué hacemos con los ciclos combinados?
Según ipsom Energy Consulting, la situación actual de las Centrales Térmicas de Ciclo Combinado (CTCC) presenta una cierta inviabilidad en las condiciones que opera el sistema eléctrico español debido a:
– La rápida incursión de las energías renovables a partir del Plan de Fomento de Energías Renovables 2011-2020.
– La evolución negativa de la demanda de electricidad debido a la crisis económica en España.
– La limitada capacidad de intercambio por las conexiones internacionales, factor característico del sistema eléctrico español desde los comienzos de la liberalización.
– La notable incorporación de ciclos combinados en una época en la que se preveía una creciente demanda eléctrica.
– La no posibilidad de hibernación.
Así pues, el planteamiento inicial de los Pagos por Capacidad está justificado por la garantía de suministro, pero desde muchas instituciones, incluida la Unión Europea, se está cuestionando si estos pagos se están utilizando en realidad como subsidios ilegales a las CTCC.
En el caso de España, los pagos por capacidad para este 2015 son de 685 millones de euros. En 2014 la partida ascendió a 900 millones y está previsto que cada año unos 700-750 millones vayan destinados sobre todo a estas centrales.
Aunque los pagos por capacidad en España son una auténtica incógnita, hay falta de transparencia ya que no existe ninguna información sobre qué centrales están cobrando estas ayudas ni con qué importes. La CNMC es quien tiene esos datos pero no los ha hecho públicos nunca. Las beneficiarias de estas ayudas son las eléctricas. En España se construyeron 27.000 MW de potencia en ciclos combinados presuntamente para respaldar las energías renovables. Pero tanta instalación no era necesaria, así lo ha demostrado el tiempo y la demanda eléctrica en España.
Se paga entre todos los consumidores
De media, los consumidores con las tarifas 2.0A, 2.1A y 3.0A son los más beneficiados en la reducción de ese 40% de ingresos, es decir, para las tarifas de los hogares y pymes. Para estos consumidores, el ahorro, de media, será de un 2,5% sobre su consumo. En cambio, el coste de la potencia permanecerá igual.
Aunque el precio de los pagos por capacidad vuelva a subir el 1 de enero de 2016, parece lógico que, paulatinamente, se vayan eliminando por los motivos mencionados.
