- Los incendios forestales no favorecen la implantación de energías renovables.
- La Ley de Montes impide transformar suelos calcinados durante 30 años.
- Así funciona el líquido español que desactiva los incendios de los coches eléctricos en un abrir y cerrar de ojos
Cada año, cuando el calor y la sequía convierten el monte en una mecha, reaparece en redes un rumor que se propaga como las propias llamas: “los incendios sirven para allanar el camino a las renovables”. La teoría sostiene que quemar bosque abriría la puerta a negocios solares y eólicos, pero la realidad jurídica y técnica lo desmonta por completo.
El fuego no es una vía rápida para proyectos energéticos, sino un bloqueo prolongado. La normativa impide recalificar esos terrenos durante décadas, y el propio sector rechaza su uso por motivos económicos, ambientales y de seguridad.
La ley cierra la puerta a recalificaciones por incendios
La legislación vigente establece un cerrojo temporal muy claro. Cualquier superficie forestal afectada por las llamas queda vetada para un cambio de uso durante treinta años. Este plazo se introdujo para frenar tentaciones especulativas y asegurar que nadie saque ventaja de un desastre ambiental.
Sólo hay excepciones puntuales: cuando el uso estaba ya planificado antes del fuego o si se justifica un interés público esencial. Aun así, el cambio debe aprobarse mediante una ley específica y conlleva restaurar otra zona forestal equivalente.
Lejos de ser una puerta trasera para las energías limpias, los incendios convierten el suelo en un espacio legalmente blindado. Los datos lo confirman: las recalificaciones tras un fuego representan un porcentaje insignificante, apenas una fracción mínima de los incendios intencionados registrados en España.
Los suelos calcinados por incendios son poco atractivos para invertir
Los proyectos de energías renovables requieren terrenos firmes, accesibles y seguros, justo lo contrario que ofrece un monte quemado. Tras un incendio, el suelo pierde nutrientes y estabilidad, aumenta el riesgo de erosión y exige largos procesos de restauración ambiental.
La patronal solar UNEF recuerda que esas condiciones complican las tramitaciones y elevan los costes. “Quemar un terreno no acelera nada, lo retrasa”, remarcan desde el sector. Para las empresas, este tipo de superficies resultan poco rentables y difíciles de justificar en estudios de impacto ambiental.
Además, las compañías buscan ubicaciones próximas a infraestructuras eléctricas y con permisos claros. El fuego no aporta nada de eso: más bien introduce incertidumbre, demoras y requisitos adicionales que alejan la inversión.
El verdadero freno a las renovables está en la red
El problema real de la expansión de la energía eólica y solar en España no es la falta de suelo ni los incendios, sino la saturación de los puntos de conexión a la red eléctrica. El marco legal actual exige disponer de un permiso previo de acceso y evacuación, y muchos nudos están colapsados.
España cuenta con amplias superficies aptas para proyectos renovables, sin necesidad de tocar montes calcinados. De hecho, la fotovoltaica apenas ocupa el 0,2 % de la superficie agraria, mientras otros cultivos superan con creces ese porcentaje. El mito de que se queman bosques para poner placas solares o molinos eólicos ignora la evidencia: la expansión real de estas tecnologías es mínima en términos de ocupación territorial y responde a criterios técnicos y económicos, no a incendios provocados.
Mientras tanto, los expertos coinciden en que los incendios recurrentes se explican por la falta de gestión forestal, el abandono rural, la acumulación de biomasa y un cambio climático que multiplica olas de calor y sequías extremas. Junio, julio y agosto de 2025 han sido prueba de ello, registrando temperaturas históricas y un riesgo de fuego disparado.
