España ha dejado en suspenso el proyecto de interconexión eléctrica submarina con Francia, por el Golfo de Vizcaya. Desde 2017, el proyecto ha pasado de un coste de 1.750 millones a 2.700 a finales de 2022. Pero es que, durante el mes de enero, ese coste se había disparado nuevamente, hasta los 3.200 millones. Y, además, las contraprestaciones españolas al regulador galo han desequilibrado el acuerdo.
A mediados de diciembre, la CNMC respaldó el acuerdo para llevar adelante el proyecto de interconexión eléctrica con Francia. Fue tras una negociación con su homólogo francés, la Comission de Régulation de l’Energie (CRE). Su coste había superado en un 50% las cifras iniciales.
El organismo regulador español aceptó la propuesta francesa de incrementar ligeramente el porcentaje de participación de Francia en la infraestructura. Inicialmente estaba fijado en un 27%, frente al 43% de España y el restante 30% corresponde a la Unión Europea. La UE lo había declarado en 2013 Proyecto de Interés Común o PIC.
En contrapartida, el organismo francés consiguió dos contraprestaciones de España. Concretamente, que las llamadas rentas de congestión no se revisarían en el futuro, aunque el flujo de energía en la interconexión fuese mayor de España a Francia. Y, además, que cualquier sobrecoste adicional lo asumirían los consumidores españoles. Somos los que, a la postre, pagaríamos la red submarina a través de los peajes en nuestra factura de la luz.
Coste del proyecto
El operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, comunicó en enero a la CNMC el nuevo encarecimiento del proyecto. La cifra alcanzaba los 3.200 millones de euros. Es decir, un 80% que el coste original.
Ante estas cifras, se ha evaluado la infraestructura, tal y como estaba diseñada. La conclusión es que se necesita volver a estudiarla desde cero. Eso implicaría un nuevo estudio de “coste-beneficio”.
Parece evidente que no se puede exigir que España asuma tan alto coste. Además, algo que suscribe la CNMC, no se puede garantizar que el coste no siga incrementándose. Eso hace inviable un proyecto que ya acumula un retraso de dos años.
El acuerdo de la CNMC en diciembre para el proyecto de conexión eléctrica suponía la congelación del reparto de rentas de congestión. Eso podría perjudicar a España en el futuro. Al tener más renovables, podría convertirse en exportadora de energía. En las interconexiones, el flujo es mayor desde el país con la energía más barata. En el caso del cable en funcionamiento por los Pirineos, las rentas (la diferencia del precio de la electricidad entre España y Francia multiplicada por la energía que pasa por la interconexión) se destinan a sufragar los costes del sistema.
Aún no se conoce la reacción francesa, a pesar de que no parece tener la misma preocupación. Y, respecto a declaraciones de REE y RTE, ninguno ha querido hacer comentarios.
Análisis de la interconexión eléctrica
El proyecto de conexión eléctrica subterránea-submarina está previsto para unir Gatica (País Vasco) y Cubnezais (al norte de Burdeos). Tiene una longitud de casi 400 kilómetros: 13 kilómetros en territorio español; 80 en Francia y 300 bajo el mar.
Se trata de un cable con dos líneas de 400 kV. Incrementará la capacidad de interconexión entre los dos países entre el 3% y el 5%. Concretamente, permitirá llegar a los 5.000 MW, desde los actuales 2.800 MW.
Cuando se realizó el análisis de coste-beneficio, España asumió un 43% de la obra, frente al 27% de Francia. Eso a pesar de que la inversión era muy superior en el tramo francés. Entonces, se calculó que beneficiaría más a los consumidores españoles, con unos ahorros del 65%, frente a los franceses, con un 35%.
Los cálculos, ya entonces, fueron puestos en cuestión por algunos expertos. Pero, además, es que la situación ha cambiado radicalmente por el avance de las renovables, mucho mayor en España.
El convenio entre los dos países establecía que España asumiría el 60% de las desviaciones de costes. Estas han resultado tan elevadas, que han hecho inviable un proyecto que apenas se había iniciado.
FUENTE: Cinco Días.
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