Selvicultores, empresas forestales, industria del papel y celulosa, industria de la madera, ingenieros forestales, Colegio de Ingenieros de Montes y asociaciones de la bioenergía esperan que la nueva Ley de Montes incorpore las aportaciones que reclaman desde el sector, para que realmente sea una ley que impulse la gestión forestal sostenible y sea eficaz sobre el territorio.
El sector forestal hace una llamada unánime al Gobierno para que no deje pasar la última oportunidad que tiene en sus manos de hacer una Ley capaz de “despertar los montes” y aprovechar su enorme potencial. Advierten que en realidad son infraestructuras verdes para el país.
Peticiones de la Ley de Montes
Entre los principios que inspiran esta Ley se encuentran la gestión sostenible de los montes, el fomento de las producciones forestales y sus sectores económicos asociados, la creación de empleo y el desarrollo del medio rural. Sin embargo, según la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), “seguimos estando lejos de su cumplimiento al no adoptar medidas que realmente lo favorezcan, como serían los incentivos fiscales a la inversión en gestión forestal sostenible, considerada de interés general, según reconoce la propia Ley, por los múltiples beneficios que proporciona a la sociedad.”
El sector considera que esta propuesta constituiría la más eficaz herramienta contra el abandono de los montes y su progresivo deterioro, pues la gestión activa y sostenible mediante profesionales forestales, hace posible que disminuya el riesgo de incendios forestales, plagas y enfermedades, que se garantice la conservación y mejora de los montes, y que contribuya a generar riqueza y empleo en el medio rural.
La asociación COSE es consciente de que gestionar no es fácil y son muchas las debilidades (falta de rentabilidad, producciones a largo plazo por los turnos de corta, mercados débiles, escasez de fondos públicos, catástrofes naturales,…), por eso propone que “se paliarían con unos determinados incentivos fiscales que hicieran atractiva la inversión en el monte y devolvieran la actividad a los mismos. No podemos olvidar el inmediato retorno para las administraciones que esta medida supondría.”
Otra petición es un impulso decidido al fomento de la producción y el consumo de la madera y los productos de madera, incluido el uso energético de la biomasa forestal, que disminuiría la carga combustible de los montes y haría de motor económico en el entorno rural con productos locales y cadenas cortas de comercialización.
“Pedimos a los políticos y legisladores que nos escuchen y den respuesta a nuestras demandas, para que se puedan movilizar los recursos naturales infrautilizados de nuestros montes, para que haya economía rural y para satisfacer las necesidades de todo un sector”, solicitan en un comunicado de prensa.
Ley de Montes
En el pasado mes de mayo, la mayoría absoluta del PP sacó adelante en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de Montes, que solo recibió luz verde por parte de los diputados ‘populares’. No solo es una ley que no gusta al sector forestal por su falta de apuesta para la gestión sostenible de los montes sino que además ha sido muy criticada porque los sectores críticos aseguran que el PP ha aprovechado para ‘colar’ el blindaje del Trasvase Tajo-Segura.
Por otro lado, esta ley privatiza gestiones de orden público, como la gestión de montes públicos, la recalificación de terrenos quemados o la imposibilidad de que los 1.500 funcionarios públicos, como es el caso de los agentes medioambientales, trabajen con independencia en la persecución de los delitos medioambientales.
