El Gobierno, pese al rechazo del sector renovables, continúa adelante con la reforma eléctrica. La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, al que se han incorporado las enmiendas del Grupo Popular, gracias a su mayoría absoluta y sin incluir ninguna de las enmiendas de la oposición.
El polémico proyecto de Ley del Sector Eléctrico ha contado con el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados del Grupo Popular. Sin embargo, se han incluido sus enmiendas en el texto, que se remitirá ahora al Senado, al tiempo que ha rechazado todas las de la oposición, de las más de cuatrocientas modificaciones presentadas en total.
Las enmiendas aprobadas son, en general, de carácter técnico, aunque una de ellas establece que la retribución de las actividades reguladas se fijará cada seis años, pero que estos periodos tendrán una revisión intermedia a los tres años para evitar posibles desajustes.
Reforma eléctrica ahora al Senado
El proyecto de Ley del Sector Eléctrico es la principal normativa de la reforma energética aprobada en julio, con la que se pretende acabar con el déficit de tarifa -que se genera porque los ingresos no cubren los costes- y evitar que este vuelva a producirse en el futuro.
Durante el debate de la normativa, el portavoz del PP Antonio Erías ha defendido que el Gobierno «ha acometido una reforma valiente, necesaria y en cierto modo inevitable» para conseguir resolver la «inestabilidad» que, a su juicio, «se había instalado dentro de nuestro sistema energético».
Toda la oposición en contra
El diputado del PSOE Jesús Alique ha rechazado prácticamente todos los puntos de la normativa, en especial en lo que se refiere a las renovables y el autoconsumo, que en su opinión es «uno de los graves errores de este proyecto».
Desde la Izquierda Plural, Laia Ortiz ha reiterado la «absoluta disconformidad con el fondo y la forma» de la normativa, por su impacto en términos económicos y ambientales, al tiempo que Josep Sánchez i Llibre, de CiU, ha alertado del riesgo de deslocalización industrial por los elevados precios de la energía y ha pedido respeto para las competencias autonómicas.
Por su parte, el diputado del PNV Pedro Aspiazu ha subrayado el impacto de esta norma en la competitividad industrial, mientras que desde UPyD Carlos Martínez Gorriarán ha criticado que «trata de congelar un modelo de negocio que ha fracasado» al tiempo que «intenta poner barreras de acceso a los que se han incorporado a última hora», en referencia a las renovables.
Además, los grupos de la oposición han criticado que el Grupo Popular no haya permitido comparecencias complementarias -que iban del antiguo presidente de la Comisión Nacional de Energía, Alberto Lafuente, al de la asociación de pequeños fotovoltaicos Anpier, Miguel Ángel Martínez Aroca- en esta Comisión.
Ahora, la reforma del sector eléctrico deberá ser aprobada en el Senado para después volver a las Cortes para su definitiva regulación.
