El informe de Greenpeace “El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social” también llama la atención sobre el hecho de que a pesar de que el parque nuclear español ya ha alcanzado el 84% de su vida útil la financiación disponible para su desmantelamiento ni siquiera alcanza el 30%.
Se trata del primer informe que mide el impacto económico y social del desmantelamiento nuclear total en España. Para Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace España, llega en el momento político oportuno, ya que en esta legislatura y de aquí a 2024 se deberá empezar a revisar la renovación de licencias de explotación de las centrales. El documento que presenta ahora Greenpeace quiere demostrar que es posible prescindir de la nuclear y, además, hacerlo creando empleo.
Según “El inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social”, el impacto económico de las actuaciones ligadas al desmantelamiento, la gestión de los residuos y la sustitución de la energía nuclear por otras fuentes supondrá la creación neta de unos 300.000 empleos.
De ellos, 100.000 corresponderían al desmantelamiento de las centrales y gestión de sus residuos y 200.000 a la instalación de nueva potencia renovable. Además, el informe, basado en un estudio realizado por la consultora Abey Analistas Económicas para la organización ecologista, estima que se produciría un aumento del PIB próximo a los 20.000 millones de euros y un aumento de la recaudación de unos 2.800 millones de euros.
¿Cuánto cuesta el cierre nuclear?
El informe cuantifica también las inversiones requeridas para desmantelar las centrales en España: atendiendo a la planificación en vigor actualmente -el 6º Plan de Residuos Radiactivos- el coste de desmantelar las centrales y gestionar los recursos ascendería a 20.200 millones de euros.
Ahora bien, Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, explicó durante la rueda de prensa celebrada ayer para presentar estas cifras, que los cálculos de las tasas que deben pagar las eléctricas propietarias de las centrales y los titulares de otras instalaciones relacionadas al fondo que gestiona la empresa pública Enresa, del que se extraería la financiación para el desmantelamiento, no se adecuan a las necesidades reales.
De hecho, el informe afirma que a pesar de que el parque nuclear español ya ha alcanzado el 84% de su vida útil la financiación disponible para su desmantelamiento ni siquiera alcanza el 30%. En 2014, el citado fondo contaba con un saldo de 4.254 euros.
Al respecto, el Tribunal de Cuentas, en un informe en el 2015, ha señalado que la naturaleza de dicho fondo no garantiza el principio de justicia intergeneracional de obligado cumplimiento y alerta sobre una infradotación del mismo superior a los 1.500 millones de euros.
Greenpeace considera esencial que el coste del cierre nuclear no se traslade a la ciudadanía y que no se deje a generaciones futuras por lo que cree urgente provisionar los fondos necesarios. Además, propone no conceder ninguna licencia de explotación más y que se elabore un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos.
El informe también profundiza en el tipo de empleo que se crearía por nivel de estudios y en cuáles serían los sectores más beneficiados: comercio y hostelería por un lado, y actividades financieras, profesionales y científicas, por otro.
