Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, demandan al Gobierno una reforma fiscal que incorpore criterios de fiscalidad ambiental. Los grupos ecologistas proponen reformas concretas de los impuestos actuales y hasta 13 nuevos impuestos que incentiven o penalicen determinadas actividades, conductas y decisiones de los agentes económicos (las empresas, los gobiernos, las familias y las personas individuales) según su impacto ambiental.
Las organizaciones ecologistas recogen sus demandas en el documento ‘Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible’. En el texto explican que la “fiscalidad ecológica” es un medio para incentivar cambios de comportamiento que se consideran positivos desde el punto de vista ambiental. Al mismo tiempo, consideran necesario un esfuerzo suplementario para que el diseño de la fiscalidad ambiental que sirva para reducir la brecha de la desigualdad social, facilitar los comportamientos sostenibles a las clases menos favorecidas y garantizar que los agentes económicos con mayor impacto en el medio ambiente sean los principales contribuyentes a las arcas de los “impuestos verdes”.
El objetivo de las ONGs ecologistas es que la fiscalidad española se acerque a las de los países de nuestro entorno: “en términos de porcentaje del PIB, ocupamos el puesto 25 en el ranking de la fiscalidad ambiental de la UE-28)”, aseguran. Para estas organizaciones se trata de un cambio capaz de orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente y a la mejora de la justicia social.
Recaudación finalista de la fiscalidad ambiental
Del mismo modo, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran importante que la recaudación obtenida de esta política fiscal sea finalista y que se destine íntegramente a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.
Reformar impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre los hidrocarburos para penalizar a los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2; disuadir de la producción de la energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, sobre la caza, el consumo de plaguicidas o la extracción de agua subterránea; o un impuesto sobre la ganadería intensiva, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que reclaman. En su reivindicación también contemplan reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.
Una reforma con carácter de urgencia
Las organizaciones ecologistas creen que esta reforma fiscal es “urgente” y deberá trasladar a sus responsables los costes ambientales de determinadas actividades económicas impactantes o el uso de productos contaminantes, además de bonificar la realización de buenas prácticas que conlleven externalidades positivas para el conjunto de la sociedad y ayudar a reducir desequilibrios sociales.
