El Consejo de Estado de Colombia ratificó el pasado día 10 la prohibición de utilizar la técnica del fracking en suelos colombianos para la extracción de hidrocarburos. El Consejo va a analizar en profundidad la posible afectación ambiental que conlleva el uso de la técnica. Sectores empresariales, gobierno y diversas ONG se enfrentan por la cuestión.
El fracking es una práctica relativamente nueva en Colombia y un problema que enfrenta a empresarios, gobierno y ONG. La comunidad científica ha advertido varias veces que es necesario conocer el alcance que tiene la práctica de esta técnica, especialmente en términos ambientales.
Sin embargo, no existen en Colombia estudios en profundidad sobre el tema. Un reciente informe de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) afirma que la técnica en los países del continente se realiza a ciegas. De hecho, en Colombia, el informe asegura que sólo se conocen el 20% de los recursos hidrogeológicos de la región.
Y, además, no se cuenta con el conocimiento necesario para evaluar los potenciales daños que puede causar el fracking. Ni siquiera con un plan integral de acción para mitigar los posibles escenarios de riesgo.
Informaciones científicas
En esa línea, las Asociaciones de Profesionales de la Salud y Científicos de Estados Unidos (CHPNY), publicaron un completo informe al respecto en 2014. El informe daba a conocer el riesgo que el fracking supone para la salud humana.
Posteriormente, la revista Science publicó otro. Las conclusiones son claras. Existe una relación entre las actividades sísmicas anormales en las zonas intervenidas y la inyección hidráulica de la mezcla utilizada para fracturar las capas de lutitas dentro de los pozos, es decir, fracking.
Medidas cautelares en Colombia
En 2013 comenzó la polémica en Colombia en torno al fracking. Entonces, el Ejecutivo firmó el decreto 3004 en el que se establecieron «los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales».
La preocupación de las organizaciones ambientales se confirmó un año después. Una resolución del Ministerio de Minas y Energía habilitó la «estimulación hidráulica» como uno de los métodos para explotar los yacimientos no convencionales.
La técnica de estimulación o fractura hidráulica, conocida como fracking, consiste en bombear a muy alta presión un fluido compuesto por agua, químicos y arena para quebrar el esquisto bituminoso. La fractura permite que el gas o los hidrocarburos contenidos en la roca asciendan junto con el fluido inyectado.
Y entonces llegó el recurso, que se interpuso ante el Consejo de Estado. En noviembre de 2018, este órgano anuló las normas que habilitaban el uso del fracking como medida cautelar.
Recientemente, el Ministerio de Minas y Energía de Colombia pidió al Consejo de Estado que revocara la nulidad de las normas de 2013 y 2014. Empresarios, gobierno y ONG se enfrentaron por este asunto. Pero el Consejo ha decidido mantener la medida hasta conocer, con mayor profundidad, los riesgos que supone el uso de esta técnica.
Declaraciones
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) se habla de que lo que ha hecho el Consejo de Estado “es una cosa inaudita”.
Mientras, las organizaciones ambientales hablan de la presión mediática de empresas y gobierno y denuncian extracciones ilegales.
La Alianza Colombia Libre de Fracking consigna que la fractura hidráulica puede contaminar cuerpos de agua potable, tanto subterráneos como superficiales debido a la gran cantidad de químicos que se utilizan durante el procedimiento. Asimismo, alertan sobre el aumento de la sismicidad que los estudios científicos atribuyen al fracking.
Y además, en medio de la coyuntura, la asociación ha denunciado el incumplimiento de la medida cautelar por parte del gobierno. Argumentan que la multinacional Drummond se encuentra en la actualidad explotando 15 pozos de gas en mantos de carbón, entre los municipios de Chiriguaná y La Jagua. Se trata de un tipo de yacimiento no convencional reglamentado por el Decreto 3004 de 2013, actualmente suspendido por el Consejo de Estado.
En esa línea, David Uribe, abogado de la Corporación Podion e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, ha dicho:
“Pese a tener conocimiento de ello, los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, la ANH y la ANLA han venido desacatando la decisión proferida por el Alto Tribunal y permitiendo que los proyectos de Drummond que han utilizado la técnica del fracturamiento hidraúlico, sigan avanzando sin contar con el marco normativo que permita estas operaciones”.
Carlos Andrés Santiago, integrante de la Alianza considera:
“Lo que está en juego es el agua, el ambiente y la salud de las comunidades de las regiones donde se desarrollarían los pilotos de esta técnica”.
Todos los actores reconocen que este es un problema que va a traer mucha polémica y que se va a extender en el tiempo. Incluso, que el camino hacia un fallo definitivo no estará exento de dificultades para los detractores del fracking.
Lo cierto es que hemos hablado del fracking otras veces. Incluso en España hemos tenido iniciativas al respecto que no han prosperado.
