El Ministerio de Energía ha dado a conocer los nombres de los expertos que formarán la Comisión sobre transición energética acordada en el Consejo de Ministros de 7 de julio y cuya Resolución ha publicado el BOE este pasado sábado, 29 de julio.
El objetivo último de la Comisión de Expertos es la elaboración de un informe, en un plazo de seis meses, que oriente la estrategia necesaria para el cumplimiento de los objetivos europeos en materia de energía y clima, teniendo en cuenta los criterios de eficiencia y sostenibilidad y que contenga las propuestas de alternativas de política energética existentes y sus correspondientes costes y beneficios.
La Comisión de expertos, que según la Resolución publicada en el BOE, se integrará en la Secretaría de Estado de Energía y tendrá naturaleza de grupo de trabajo, no teniendo sus acuerdos efectos directos frente a terceros, estará presidida por Jorge Sanz Oliva, ex director general de Política Energética y Minas entre abril de 2004 y agosto de 2009.
Formarán grupo de trabajo con él Luis Atienza, ex ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el período 1994-1996; Miguel Duvison, director general de operación del gestor de la red eléctrica; Ignacio Grangel, ex jefe de gabinete de la secretaría de Energía con Alberto Nadal; Óscar Lapastora Turpin, ex presidente de Carbunión y Guillermo Ulacia, actual presidente de la Comisión de Industria y Energía de la CEOE y ex presidente de Gamesa.
El resto del equipo está formado por Javier Arana, ex subdirector general de Energía Nuclear; José Luis de la Fuente O’Connor, profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid; Cristóbal José Gallego Castillo, del Observatorio de la Energía; Pedro Linares, profesor de Organización Industrial de la Escuela Técnica de Ingeniería ICAI; Txetxu Sáenz de Ormijana, director del Ente Vasco de la Energía; Josep, Sala i Prat, Diego Rodríguez Rodríguez y Jorge Aragón Medina.
Comisión sobre transición energética
Las propuestas de este equipo de expertos deberán contener un análisis coste-beneficio y respetar los principios de sostenibilidad económica y financiera del sistema energético, así como el marco de los objetivos de déficit y deuda pública establecidos por la legislación vigente, dice el texto publicado.
En cuanto a los costes deberán incluir particularmente los referidos a las redes, la seguridad del suministro y la volatilidad de los precios energéticos y en cuanto a los beneficios, los posibles impactos positivos sobre el medioambiente, la salud y el desarrollo industrial.
“En todo caso, se hará especial hincapié en el impacto potencial de cada propuesta sobre el precio de la energía para usuarios domésticos e industriales, así como sobre la competitividad de la economía española“, señala la Resolución de la Subsecretaría de Estado.
Además, el Informe valorará y presentará alternativas que analicen la combinación de las diferentes fuentes de energía (nuclear, hidráulica, térmica de carbón, ciclos combinados y fuentes renovables) en el marco de una transición energética eficiente, sostenible y baja en carbono y, en particular, las referidas a sistemas aislados, especialmente en los sistemas insulares atendiendo a sus características diferenciales.
