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El presupuesto para compensaciones por CO2 indirecto a la industria electrointensiva se duplica en 2025, pasando de 300 a 600 millones de euros
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AEGE valora positivamente el avance pero alerta de que España solo cubre el 67% del tope permitido, lejos de Francia o Alemania
La industria electrointensiva española respira, pero no celebra. El Gobierno ha duplicado el presupuesto de las ayudas al CO2 indirecto hasta los 600 millones de euros en 2025, una medida que la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) valora como un paso en la dirección correcta. Sin embargo, la patronal que agrupa a 30 grandes empresas alerta de que esta dotación se queda muy lejos de los 900 millones permitidos por Bruselas y profundiza la desventaja competitiva con países como Francia o Alemania.
El cálculo teórico frente a la realidad presupuestaria
El Ejecutivo ha determinado que el sector tendría derecho a 690 millones de euros en compensaciones por CO2 indirecto, según los parámetros establecidos por la normativa europea. Esta cantidad representa el primer tramo de lo permitido por Bruselas. No obstante, la dotación finalmente aprobada en los Presupuestos Generales del Estado asciende a 600 millones. En la práctica, esto significa que las empresas solo recibirán el 67% de la compensación total posible. La insuficiencia presupuestaria impide alcanzar el tope máximo de 900 millones que autoriza la Unión Europea para este mecanismo de apoyo.
La brecha competitiva con los principales socios europeos
Mientras España se mantiene en el 67% del tope permitido, países como Francia y Alemania han implementado sistemas de compensación más ambiciosos y completos. Carlos Navalpotro, presidente de AEGE, subraya que esta diferencia presupuestaria «sitúa a la industria electrointensiva española en clara desventaja» frente a sus competidores europeos. Según datos de Eurostat, el sector industrial español ya afronta unos costes energéticos un 15% superiores a la media comunitaria, lo que agrava el impacto de esta compensación incompleta.
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El perfil de las empresas afectadas y su importancia estratégica
Las 30 compañías agrupadas en AEGE, entre las que destacan ArcelorMittal, Celsa, Sidenor, Vidrala y Tubos Reunidos, representan un pilar fundamental de la industria nacional. Según el último informe del Ministerio de Industria, este conglomerado empresarial opera en 91 plantas productivas repartidas por toda la geografía española. En conjunto, estas instalaciones consumen aproximadamente el 7% de la demanda eléctrica peninsular, según datos de Red Eléctrica de España, y generan más de 60.000 empleos entre directos e indirectos.
Más allá de las cifras: el impacto concreto en la competitividad
Para estas empresas, las compensaciones por CO2 indirecto no constituyen una ayuda extraordinaria, sino un mecanismo vital para compensar los sobrecostes derivados del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (ETS). Este esquema, diseñado para descarbonizar la economía, encarece significativamente la factura eléctrica de las instalaciones con mayor consumo energético. Sin una compensación adecuada, estas compañías ven seriamente comprometida su capacidad para competir en igualdad de condiciones dentro del mercado global.
Un avance significativo que necesita continuidad
La duplicación del presupuesto respecto a 2024, cuando las compensaciones por CO2 indirecto se situaron en 300 millones de euros, constituye sin duda un progreso notable en un contexto de precios energéticos volátiles. La medida evita un «deterioro mayor» de la competitividad del sector, como reconoce la propia asociación. No obstante, el mensaje de AEGE resulta contundente: se trata de un avance necesario, pero claramente insuficiente para garantizar una competencia leal en el mercado europeo y asegurar el futuro de la industria pesada en España.
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Licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, amante de la naturaleza tal y como deberíamos haberla conocido. Aun hay esperanza.
