Por fin ya está regulado el mecanismo que pone en marcha las tan anunciadas Auditorías energéticas para las empresas que no sean PYMES. También en el Real Decreto se regula el sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos, la promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío y el régimen sancionador.
Como fecha tope el mes de junio de 2014, el Ministerio de Industria tenía que haber aprobado el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. Sin embargo, ha esperado todo lo que ha podido antes de ser sancionado por la Comisión Europea.
Auditorías energéticas
Pero ¿por qué no se ha tardado tanto en aprobarse? Según expertos del sector, la inversión que tenían que realizar las grandes empresas para incorporar esas auditorías energéticas suponían un coste añadido más en un contexto de crisis económica y de dificultades de rentabilidad del negocio, con lo que se presionó al Gobierno para retrasar al máximo esta obligación europea. Una opinión que comparte Héctor de Prado, responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra, quien asegura que “el Minetur ha tratado de esquivar durante meses y meses su aprobación, con el fin de no afectar negativamente los negocios de las grandes empresas, especialmente los de las eléctricas”.
Y es que estas auditorías energéticas las deben realizar las grandes empresas de más de 250 trabajadores o más de 50 millones de euros de volumen de negocio para mejorar su consumo energético “y, a la par, un balance general que exceda de 43 millones de euros”. Deberán cubrir, al menos, el 85% del consumo total de energía del conjunto de sus instalaciones, y deberán realizarse al menos cada cuatro años. Se estima que esta medida será de aplicación a unas 3.800 empresas en España, con cerca de 27.000 establecimientos o locales.
Las empresas tendrán un plazo de nueve meses para realizar las auditorías, pero también tienen la opción de sustituirlas por un sistema de gestión energética o ambiental e incorporar certificados de eficiencia energética de edificios en vigor.
El Real Decreto especifica las siguientes directrices que deberán seguir las empresas:
a) Deberán basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables, de consumo de energía y, en el caso de la electricidad, de perfiles de carga siempre que se disponga de ellos.
b) Abarcarán un examen pormenorizado del perfil de consumo de energía de los edificios o grupos de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, con inclusión del transporte dentro de las instalaciones o, en su caso, flotas de vehículos.
c) Se fundamentarán, siempre que sea posible en criterios de rentabilidad en el análisis del coste del ciclo de vida, antes que en periodos simples de amortización, a fin de tener en cuenta el ahorro a largo plazo, los valores residuales de las inversiones a largo plazo y las tasas de descuento.
d) Deberán ser proporcionadas y suficientemente representativas para que se pueda trazar una imagen fiable del rendimiento energético global, y se puedan determinar de manera fiable las oportunidades de mejora más significativa.
Según Javier García Breva, experto en Políticas Energéticas y presidente de N2E, ha identificado hasta veinte nichos de negocio que suponen en la práctica nuevas especializaciones productivas y actividades económicas derivadas de la aplicación de los distintos artículos que comprende la nueva norma europea, y aunque el Gobierno confía en que la inversión que reciba la eficiencia energética en 2016 supere los 1.500 millones de euros, ésta provendrá del tan criticado y denunciado Fondo Nacional de Eficiencia Energética, además de fondos públicos y privados.
De hecho, en el BOE se exige que “las auditorías energéticas deberán ser realizadas por auditores energéticos debidamente cualificados” y que podrán ser realizadas “por técnicos cualificados que pertenezcan a dicha empresa, siempre que no tengan relación directa con las actividades auditadas y pertenezcan a un departamento de control interno de dicha empresa.”
¿Qué es lo que falta?
Aunque incluye las auditorías energéticas, a Industria se le ha olvidado incluir la obligación de contar con sistemas de medición individual de calefacción a partir del 1 de enero de 2017, que sí establecía el último borrador y que marcaba como fecha límite para instalar los repartidores de costes en edificios existentes dotados de calefacción central el 31 de diciembre de 2016.
Hola, si se han olvidado de incluir la obligación de los sistemas de medición, ¿se estaría a tiempo de que los incluyeran? o hacer ver de alguna manera que los sistemas deben de incluirse. ¿Como se haría esto?
Mas de 4 años esperando aprobación para la distribución de energía eólica y creen que esto sirva de algo política corrupta solo piensan en ellos y sus trabajos son lentos, de costos absurdos por ejemplo el personaje amigo de los ex y presidente actual del PLD el gato (senador corrupto) Felix Bautista si esto seguirá así un pueblo donde el 70% se comen su propia mierda con caramelos que le da el PLD. Muchos por su ignorancia seguirán igual votando por el que lo tiene peor y construyendo lujos. Sin inversiones serias para personas de bajo recursos la gente intelectual como sucede al momento se larga de este país otros tomaran medidas mas extremas como eliminar el problema desde la raíz…
Más vale tarde. Entiendo que esas auditorías buscan hacer mucho más eficiente estas empresas, que en volumen supongo que representará un buen pellizco del consumo eléctrico nacional. Ahora faltaría que potenciaran el consumo de energías verdes.