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Bruselas pone en evidencia la regulación energética española

Bruselas pone en evidencia la regulación energética española
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La caída de la demanda energética acabará con el sector eléctrico tal y como lo conocemos, dice en este artículo Javier García Breva, asesor en políticas energéticas y presidente de N2Een, en el que analiza las propuestas de Bruselas que modifican las directivas vigentes sobre eficiencia energética. La Comisión lo define con claridad: “La eficiencia energética es lo primero”. Y la medida más trascendental es el objetivo vinculante del 30% de eficiencia energética para 2030, subraya este experto. 

El pasado mes de noviembre la Comisión Europea presentó el llamado “paquete de invierno” con nueve propuestas legislativas que modifican las directivas vigentes de renovables y eficiencia energética. Ahora los objetivos de renovables, CO2 y eficiencia energética se abordan de manera interrelacionada y se establece una jerarquía al colocar a la eficiencia energética como primera política energética y, por primera vez, con un objetivo vinculante para la UE del 30% para 2030.

Teniendo en cuenta el compromiso del Acuerdo de París para reducir un 40% las emisiones en 2030 y la hoja de ruta para eliminar las emisiones en 2050, al mantener el objetivo del 27% de renovables y seguir defendiendo combustibles alternativos (no renovables) para el transporte, Europa renuncia al liderazgo mundial de renovables. Se pide para 2030 un esfuerzo en renovables que es la mitad del realizado en la década 2010-2020.

La ambigüedad es mayor si se tiene en cuenta la importancia que adquieren en las nuevas directivas el autoconsumo, el almacenamiento, los contadores y microrredes inteligentes, que hacen que el concepto de “energía de respaldo” sea innecesario y encarece desproporcionadamente los costes del sistema eléctrico y gasista.

“La medida más trascendental es el objetivo vinculante del 30% de eficiencia energética para 2030. Un objetivo más elevado de eficiencia arrastra mayores cuotas de renovables y reducción de emisiones”

La Comisión lo define con claridad: “La eficiencia energética es lo primero”. La medida más trascendental es el objetivo vinculante del 30% de eficiencia energética para 2030. Un objetivo más elevado de eficiencia arrastra mayores cuotas de renovables y reducción de emisiones. La eficiencia energética en primer lugar para consumir menos con más energía limpia es la definición del modelo de gestión de la demanda. Si las directivas vigentes definen un modelo energético basado en la generación distribuida, las futuras directivas dan un paso más hacia un modelo basado en la gestión de la demanda.

Los antecedentes, como el documento de buenas prácticas de autoconsumo de 2015, la estrategia de calor y frío y los requisitos de los edificios de consumo de energía casi nulo de 2016, dan más coherencia a las medidas que ahora se proponen para reducir la demanda energética primaria y sustituir los combustibles fósiles por energías renovables en todos los edificios y en el transporte.

La gestión de la demanda, sin medidas retroactivas, se antepone a cualquier otra política energética. Las renovables, junto a las tecnologías inteligentes, se integran masivamente en el urbanismo y el transporte. La caída de la demanda energética acabará con el sector eléctrico tal y como lo conocemos.

Las medidas del paquete legislativo que deberán aprobar las instituciones europeas las podemos agrupar en tres bloques:

1. Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a generar, almacenar, consumir y
vender su propia energía renovable en condiciones justas.

El autoconsumo compartido, el almacenamiento descentralizado, el punto de recarga en el mismo edificio, la gestión de la demanda y las cooperativas de consumidores son nuevos derechos de ciudadanía para los nuevos usos de la energía.

2. Establecimiento de un catálogo de medidas de eficiencia energética para incrementar la demanda y el mercado de rehabilitación y el vehículo eléctrico.

Entre otras, se propone duplicar la tasa anual de rehabilitación hasta el 2% y triplicar la inversión en edificios eficientes hasta 120.000 millones al año; se extiende hasta 2030 la obligación de ahorro del 1,5% anual de las ventas de energía de suministradores y distribuidores y se dice que las renovables deberán crecer un 1% al año en la calefacción y refrigeración.

Asimismo, recoge que el cálculo de eficiencia energética en los edificios, nuevos y rehabilitados, hará que a partir de 2021 entre el 50% y 100% de energía primaria se cubra con renovables; serán obligatorios puntos de recarga para el vehículo eléctrico en todos los edificios, nuevos y rehabilitados, y habrá infraestructuras de recarga en todos los aparcamientos.

3. Apertura del mercado de almacenamiento y puntos de recarga prohibiendo o
limitando el acceso a distribuidores y transportistas de energía, dando prioridad a
nuevos actores.

Bruselas reconoce que el objetivo de eficiencia energética creará 400.000 empleos, reducirá un 12% las importaciones energéticas y ahorrará 70.000 M€ en Europa y establece ahora la prioridad del ahorro de energía, pero deja la gobernanza del “paquete de invierno” en manos de los gobiernos nacionales.

El poder de la eficiencia energética

Teniendo en cuenta que los modelos de negocio energético se plantean aún sobre el crecimiento de la demanda y el consumo, se trata de un cambio profundo de los mercados energéticos y la visualización del poder de la eficiencia energética hasta ahora ignorado.

“Mientras las directivas europeas garantizan la seguridad energética a través de la reducción de la dependencia energética y la descarbonización de la economía, la regulación energética española insiste en una mayor dependencia”

La comparación de las nuevas propuestas de Bruselas con la regulación energética española sirve para constatar la enorme distancia entre ambas. Mientras Europa camina hacia “una energía limpia para todos los europeos”, como se titula el “ paquete de invierno ”, España camina aún hacia combustibles fósiles para todos los españoles.

Mientras las directivas europeas garantizan la seguridad energética a través de la reducción de la dependencia energética y la descarbonización de la economía, la regulación energética española insiste en una mayor dependencia de las importaciones de gas y petróleo y en considerar la eficiencia energética como un obstáculo para la recuperación económica.

Los gobiernos deberán presentar en 2019 planes integrados de energía y clima y su hoja de ruta para eliminar las emisiones en 2050. Es la ocasión para promover los numerosos cambios legislativos que impondrán las nuevas directivas. Aunque el mayor cambio sería que las directivas se transpusieran en plazo y se cumplieran íntegramente, reconociendo en nuestro ordenamiento jurídico los nuevos derechos de ciudadanía.

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