El Gobierno suspende temporalmente las primas a las nuevas instalaciones de régimen especial

La medida adoptada por el nuevo Gobierno en materia de energía ha pillado por sorpresa al sector. En el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 27 de enero, el Gobierno decidía aprobar un Real Decreto Ley mediante el que suspende temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución renovables y los incentivos económicos para las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración. Las reacciones no se han hecho esperar.

El Gobierno argumenta que, con esta medida, se pretende paliar el elevado déficit de tarifa que arrastra el sistema eléctrico español, cifrado en cerca de 17.000 millones de euros. Esto, unido a la compleja situación económica y financiera, “aconseja la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación del citado déficit”, explica el Gobierno.

Las medidas emprendidas hasta la fecha -considera- no han resultado suficientes para corregir este déficit, que constituye una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y, en particular, para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, afirma el ejecutivo.

La medida afectará a aquellas instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, así como a las instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de la norma no tuvieran autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas.
La suspensión está dirigida a las tecnologías acogidas al régimen especial: eólica, solar fotovoltaica, termosolar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos, así como a las instalaciones de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el régimen especial.

La norma no tiene carácter retroactivo, por lo que no afectará a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas, ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación.

Asimismo, aquellas instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de entrada en vigor de la norma, tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de preasignación, en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados. Además, también se devolverán los avales a aquellas instalaciones inscritas en los prerregistros que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación.

Reacciones del Sector

– Fundación Renovables (FER)
La Fundación Renovables (FER) convocaba de manera urgente a los medios de comunicación el pasado 31 de enero para denunciar la aprobación de este Real Decreto Ley (RDL).

Asimismo, daba a conocer la existencia de un documento, suscrito (hasta la fecha) por 35 entidades, en el que explican a la opinión pública cuáles son las bondades de las energías renovables y los motivos por los cuales el Gobierno debería dar marcha atrás y anular esta medida.

Javier García Breva, presidente de FER, fue el encargado de desgranar el contenido de este documento. Entre otras cuestiones, argumentó que “las energías renovables son una parte significativa de la riqueza del país, ya que aportan innovación tecnológica, empleo, reduce las importaciones energéticas, etc”. Sin embargo, con esta medida, “parece que implícitamente nos están llevando al consumo de diversos tipos de fuentes que, hoy en día, aportan los mayores costes de nuestro sistema energético, como son las elevadas importaciones energéticas y la mayor intensidad energética de nuestra economía”.

Además, señaló Breva, el RDL atenta contra dos Directivas europeas: la 2009/28/CE de Renovables y la 2010/30/UE de Eficiencia Energética de Edificios, ya que éstas establecen una serie de medidas para eliminar las barreras que impidan el desarrollo de las renovables para alcanzar sus objetivos, y que son la inestabilidad regulatoria, las trabas administrativas y los obstáculos para su conexión a red. “Está claro que la norma aprobada por el Gobierno va en contra de estos tres criterios”.
El RDL va a suponer, señaló García Breva, “la pérdida de muchos miles de puestos de trabajo (alrededor de 33.000 empleos directos) y la inseguridad jurídica creada va a suponer la pérdida de más de 62.000 millones de euros de inversión privada”. Además, afirmó el presidente de FER, esta medida “es inútil porque el recibo de la luz seguirá subiendo y seguirá aumentando el déficit de tarifa porque las renovables no son las culpables del mismo”. Sin embargo, explicó Javier García Breva, “en el año 2011 todos los españoles hemos pagado más de 40.000 M€ en las importaciones de gas y petróleo”. Con estos argumentos, “está claro que alguien está engañando al consumidor. Esto no es más que una cortina de humo de las eléctricas o de UNESA para no abordar los verdaderos problemas energéticos “.

“Está claro que los precios energéticos en España no son transparentes como lo demuestra el hecho de que ahora también se ha conocido que existe un déficit de tarifa en el sector del gas cifrado en 300 M€; y de esto las renovables no son las culpables”, dijo Breva.

En definitiva, “lo que está claro es que la política energética que se está haciendo no se corresponde con la realidad del país. El sector energético necesita una reforma partiendo de cero y donde se trate a todas las energías por igual”.

– Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
Ha emitido un comunicado en el que señala que esta medida “agravará la situación del sector fotovoltaico español, seriamente afectado, sin que se hayan resuelto los graves problemas de retroactividad e inseguridad jurídica que afectan al mismo”. Aún entendiendo la situación de crisis actual, “UNEF se reafirma en la convicción de que la tecnología fotovoltaica tiene un futuro claro en cualquier política energética sostenible”, y por ello “solicita del Gobierno medidas inmediatas, encaminadas a una nueva definición del mix energético, de modo que todas las tecnologías tengan un espacio razonable, seguro, equitativo y capaz de generar empleo y contribuir a una reactivación económica adecuada a las circunstancias actuales”.

– Asociación Empresarial Eólica (AEE)
Muestra su preocupación por una medida que, según el comunicado emitido a los medios de comunicación, “pone en peligro su industria y compromete el desarrollo futuro de este importante sector, así como las más de 30.000 personas empleadas en el mismo”. El sector eólico es consciente de la difícil situación económica, señala el comunicado, y está dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones satisfactorias tanto para el país como para el futuro desarrollo del sector. Además, quiere destacar que, en ningún caso, es el causante del déficit de tarifa, por lo que tampoco debería ser el grueso de la solución.

– Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA)
“La medida aprobada paraliza el sector de las energías renovables en nuestro país, con diferencia el que más empleos genera por megavatio producido”, recoge el comunicado emitido por la Asociación. “Si esta moratoria es una antesala a una revisión profunda y justa de nuestro sistema eléctrico, podemos entenderla. Lo que no tendría sentido es aplicar una paralización temporal de los modelos de apoyo a las renovables y obviar graves problemas de nuestro sistema como los beneficios extraordinarios de algunas tecnologías ya amortizadas, los pagos por capacidad, los costosísimos apoyos al carbón nacional o las subastas CESUR inflacionistas. El ministro Soria debe preocuparse de las razones que han llevado a que, en un solo año, el precio del mercado eléctrico haya aumentado un 33%, pasando de 45,13 €/MWh en 2010 a 60,09 €/MWh en 2011”, ha argumentado José Mª González Vélez, presidente de APPA.
“Las renovables son parte de la solución a esta crisis y no parte del problema”, ha señalado Vélez; de hecho, el embargo acordado al petróleo iraní puede empujar a los combustibles fósiles a incrementos en su precio que serán nefastos para nuestra economía. “Las renovables pueden disminuir este impacto”.

– Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar)
“Aun reconociendo la compleja situación que afecta al déficit tarifario, respecto al cual la tecnología termosolar ni ha tenido incidencia significativa hasta la fecha ni la tendría en el futuro a los niveles que, de forma alarmista e interesada, se han difundido a los medios, expresa su profunda preocupación por los efectos del Real Decreto de supresión de incentivos económicos para las energías renovables”, así comienza el comunicado de prensa emitido por la Asociación.

A nuestro juicio, “la paralización de las nuevas preasignaciones ralentizará la necesaria sustitución de tecnologías contaminantes por energías limpias y afectará negativamente al desarrollo industrial y creación de empleo en el sector de las energías renovables”. Por ello, “confiamos en que esta suspensión temporal dure muy poco tiempo y que durante la misma el Gobierno, en diálogo con la industria, pueda redefinir la senda de penetración de las energías renovables en el mix de generación que más convenga a nuestro país en términos estratégicos, de coste y macroeconómicos”.

– Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM)

“Señores del Gobierno de España, el Real Decreto que acaban de aprobar es la mayor equivocación ejecutada en España en el sector energético en muchos años”, así de tajante se manifiesta AVEBIOM en el comunicado lanzado a los medios.

Su presidente, Javier Díaz, se hace esta pregunta: “¿Es consciente el Gobierno de los miles de empleos que se perderán con esta medida?”. Y contesta: “En lo que a la biomasa se refiere, por cada proyecto de 15 MWe suspendido por el Gobierno se perderán más de 100 empleos directos, otros 100 indirectos y más 50 M€ de inversión por cada planta. Pero eso no es todo, empresas del sector forestal que han invertido mucho dinero en equiparse con maquinaria especifica para la biomasa, ahora deberán guardarlas en sus naves pero, eso sí, tendrán que seguir pagando a su proveedor. En fin, un verdadero desastre”.

Desde AVEBIOM entienden que la situación del país es crítica, pero este Real Decreto “perjudica gravemente a un sector que trabaja muy seriamente para “desintoxicar” al país de los combustibles fósiles, que son los que de verdad nos generan problemas”, argumentan.