La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y su presidente Jorge Barredo, en un comunicado de prensa, solicita al Gobierno que se centre en resolver la compleja situación del sector energético y evitar enfrentamientos internos en el plano político que solo aumentan la incertidumbre y el clima de inseguridad jurídica del sector”.
Por otro lado, y sobre el posible impuesto que gravaría con tasas especiales en particular a las energías renovables y que ha suscitado el enfrentamiento entre ambos Ministros, el presidente de UNEF afirma que “Ninguna tasa puede ser discriminatoria, gravando de diferente modo el mismo hecho imponible, la generación eléctrica, aunque esté producida con distintas tecnologías. Debe salvaguardar la rentabilidad razonable y tener en cuenta la capacidad de pago. Aplicar un porcentaje del 19% para la fotovoltaica vulnera ese principio, lo convierte en confiscatorio y, sumado al RD-L 14/10, condena al sector a la insolvencia”.
Rentabilidad razonable
Según parece, la única solución al déficit tarifario es recortar más a las primas a la renovables, limitando retroactivamente las horas de producción a la energía solar y cargándolas esa tasa del 19% a su producción, con el argumento de que los proyectos solares no pueden tener más que una rentabilidad mínima razonable, mientras que la afectación a la generación ordinaria prevista, parece que podría ser mucho menor, sin atender en ese caso a la misma argumentación de la citada rentabilidad razonable y por supuesto al efecto discriminatorio.
Datos del sector
El sector de energía fotovoltaica en España se encuentra en quinta posición a nivel mundial, con 4.270MW de potencia instalada, el 4% del total en España, hasta abril de 2012. En el primer semestre de 2012, la producción fotovoltaica ha ascendido a 4.700.000 MWh, cubriendo el 3,4% de la demanda nacional. Durante el año 2011, la inversión se situó entorno de los 1.408 millones de euros.
Voluntad de colaboración
El sector fotovoltaico español mantiene su voluntad de colaborar con el Gobierno para la eliminación del déficit de tarifa, siempre que no se adopten medidas discriminatorias, desde la verdad, la transparencia, la equidad, la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica.
