Unión Española Fotovoltaica (UNEF) presentó ayer, en rueda de prensa, su informe anual “Hacia nuevos modelos de desarrollo para la energía solar fotovoltaica”, en el que analiza la situación del sector, la última reforma energética y las oportunidades de la industria fotovoltaica en el resto del mundo. Una situación nada halagüeña especialmente para los pequeños productores.
El parque fotovoltaico español conectado a la red, con más de 4.500 MW instalados y más de 60.000 instalaciones, representa un 4% de la potencia total instalada en España. Las instalaciones conectadas antes de 2009 representan el 74% del parque fotovoltaico. Para el vicepresidente de UNEF, Luis Torres, “el sector ha sufrido un retroceso tan significativo que está en peligro de extinción, lo único que pedimos es que nos dejen competir”.
Una legislación que prohíbe
Luis Torres ha criticado duramente que el Gobierno responsabilice al sector de las renovables, y en especial a la fotovoltaica, del déficit de tarifa, por lo que ha recordado que, de los 1469 millones de euros de desvío del déficit de 2012, tan solo 1 corresponde a la fotovoltaica.
Según UNEF, la consecuencia de las medidas restrictivas y con carácter retroactivo para la energía fotovoltaica en la sucesivas regulaciones, entre 2010 y 2020 la fotovoltaica perderá más de 5.800 millones de euros, un 20% de los ingresos totales del sector durante este periodo. El vicepresidente de la patronal considera que “la normativa ha ido poniendo trabas al desarrollo de la fotovoltaica y como tienen carácter retroactivo, muchos pequeños productores entrarán en bancarrota. Los bancos se quedarán con sus negocios”, a lo que añadió que “no podrá cambiar la situación porque se ha generado una incertidumbre legislativa que ningún inversor ya quiere arriesgar su dinero por algo que puede que cambie con tanta facilidad”.
Crítica al peaje de respaldo
La patronal fotovoltaica se suma a la oposición que produce el “peaje de respaldo”. Para Torres, “quieren acabar con el autoconsumo, al menos desde el punto de vista de rentabilidad económica, es decir, ya no estará a un precio más bajo que el del suministro convencional y por tanto, sólo se invertirá por una cuestión ética”. Además, esta medida, contrasta con las políticas europeas que han ido disminuyendo el pago de una prima por la generación eléctrica fotovoltaica (Feed-in Tariff) para sustituirse por políticas que fomentan el autoconsumo y la generación distribuida. “Somos el único país del mundo que tiene este impuesto”, ha añadido Torres, “y decepciona aún más si pensamos que se trata de una tecnología madura y competitiva, que ha bajado sus costes casi un 80% en los últimos años.”
Otra de las cuestiones más polémicas es “la de penalizar a aquellos que no declaren su instalación fotovoltaica con multas de hasta 60 millones de euros, con lo que consideran esta falta en la misma categoría que cuando una central nuclear comete el fallo de tener una fuga radiactiva”.
Una industria a punto de desaparecer
Hasta hace dos años había más de 50 empresas con fábricas en España de silicio de grado solar, obleas, células, módulos, inversores y seguidores, de modo que se cubrían todos los eslabones de la cadena de valor de la tecnología. En la actualidad, un 90% de los fabricantes de módulos y de sus componentes ha cerrado, está en concurso de acreedores o en procesos de ajuste laboral. Como resultado, se han perdido actividades enteras, y sólo se mantienen aquellas que están enfocadas al extranjero.
