La empresa Gadir Solar, del grupo Aurantia, en la localidad gaditana de Puerto Real, ha cerrado definitivamente sus puertas después de comunicar por escrito el despido a sus 196 trabajadores. Un carta en la que, además, la dirección les explica que no tiene dinero para pagar las indemnizaciones.
Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado este martes la decisión adoptada por la empresa y ha anunciado su intención de elevar el caso a la Fiscalía de Cádiz, ante la posibilidad de que las actuaciones de Gadir Solar pudieran ser constitutivas de delito. La intención de la empresa es presentar el próximo lunes un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo que conlleva el cierre de la planta en el polígono industrial El Trocadero.
Unas instalaciones que se levantaron en la Bahía de Cádiz a finales del año 2009 al auspicio del plan de reindustrialización planteado por la Junta de Andalucía tras el cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real.
Durante los poco más de dos años que la empresa ha estado abierta, ha recibido más de 28 millones de euros en ayudas públicas, según los datos aportados por CCOO y UGT. Unas ayudas que deberían de consolidar la empresa y dar trabajo a parte de los despedidos de Delphi. Sin embargo, hay sospechas fundadas de desvío del dinero hacia otras empresas del grupo.
Los representantes sindicales han cuestionado que los empresarios de Gadir Solar tuvieran alguna vez intención de crear empleo en la provincia y han comparado su caso con el del empresario Dávila Ouviña, al que se le acusa de haberse quedado con 14,5 millones de euros procedentes de los fondos de reindustrialización.
Jesús Serrano, secretario provincial del sindicato de Industria de CCOO en Cádiz, ha explicado que en 2009 la empresa compró una parcela «a un precio inferior para crear una empresa en la provincia» y al año siguiente «la vendió por un precio mayor aunque se quedó como inquilino, con lo que hace caja pero no tiene activos propios».
El Grupo Aurantia pagó en aquella fecha 3,6 millones de euros por los terrenos y los vendió, según los representantes sindicales, por 13,5 millones, firmando un contrato de alquiler con el nuevo propietario para ocupar las instalaciones. Además, según Serrano, la empresa recibió un crédito de 36,5 millones de euros «que aún no ha empezado a pagar», un préstamo sin interés de 7,7 millones de euros y un total de 28 millones de euros en concepto de subvenciones públicas para crear empleo».
Los sindicatos sospechan que el dinero de las ayudas públicas recibidas podría haber sido «desviado para solventar deudas de otras empresas» del Grupo Aurantia y lamentan la falta de control de la Junta de Andalucía.
Rioglass Solar recupera carga de trabajo y no presentará un ERE para sus 200 trabajadores
Por su parte, la empresa multinacional Rioglass Solar, con plantas en Lena y Mieres, no ha presentado este martes el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que había anunciado a los sindicatos. La compañía ha asegurado que cuenta con una serie de pedidos que le han permitido recuperar carga de trabajo y evitar la regulación de su plantilla, formada por 200 trabajadores.
El secretario de acción sindical del SOMA-FITAG-UGT, José Antonio Menéndez Barriada, ha señalado que «la empresa está convencida de que los pedidos están garantizados, por lo que no hay necesidad de regular a los trabajadores».
A la vez, ha anunciado que el SOMA-FITAG-UGT ha acordado con la dirección de la empresa el nuevo convenio para los próximos dos años. Se trata de un documento, según el portavoz del SOMA, «ajustado a la realidad económica» y que se formalizará el próximo jueves.
El acuerdo no contará con la firma de CCOO, el otro sindicato con representación en la compañía. Según el secretario general de la Federación de Textil, Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO, José Luis Montes, la negativa de la central se debe a que «no se han tenido en cuenta nuestras propuestas».
Para Barriada, la firma de este convenio «permite asegurar el futuro de la planta y evitar las extinciones de contratos entre la plantilla». «No queremos poner en peligro ningún puesto de trabajo», ha añadido el portavoz del SOMA.
