Más de 30 organizaciones y partidos políticos han presentado en Anticorrupción una demanda por el procedimiento del recorte a las renovables. Los promotores de la denuncia, la Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, han conseguido en un tiempo récord reunir más de 130.000 firmas para pedir que se investigue si existe un delito de prevaricación.
Lo que ya se anunciaba ayer se hizo realidad. La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto a más de treinta organizaciones y partidos políticos, han puesto en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en Madrid los hechos que creen son constitutivos de delito en la arbitrariedad y falta de respaldo técnico a la hora de fijar los criterios en la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, que estableció el cambio en la modalidad de retribución a las energías renovables, cogeneración y residuos, y que ha supuesto un recorte de unos 3.000 millones de euros anuales, el llamado “hachazo” a las renovables.
Ya os contábamos en marzo pasado que el informe de una de las consultoras independientes contratadas por Industria para calcular las retribuciones a las renovables, Roland Berger, se entregó meses después de que el recorte se aprobara y publicara en el BOE. El otro, el de Boston Consulting Group, ni siquiera se utilizó.
La coordinadora estatal de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Cote Romero, explicaba a EnergyNews que “tenemos constancia de que los informes se encargaron para elaborar la Orden de parámetros retributivos pero toda su referencia normativa es de antes de diciembre de 2013, es decir, de antes de que se aprobara la Ley del Sector Eléctrico, lo que deja en evidencia el tira y afloja que existió con el Gobierno, quien tenía claro qué y cuánto quería recortar a las renovables”.
Presentación en Anticorrupción
Por eso, tras conocerse los hechos, ayer se hizo un acto de entrega del escrito de denuncia en la Fiscalía, en el que han estado presentes, junto a las organizaciones denunciantes los demás representantes políticos cuyos partidos han suscrito la denuncia: Álvaro Abril (PSOE), Carolina Bescansa (Podemos), Carolina Punset (Ciudadanos),Chuse Inazio Felice (CHA), Juantxo López de Uralde (EQUO), Joan Baldoví (Compromís),Joan Coscubiela (ICV e Izquierda Unida) e Inés Sabanés (Ahora Madrid).
El socialista Álvaro Abril criticó que el Gobierno aprobara la normativa renovable “sin participación, sin consenso, sin colaboración”, al tiempo que ha advertido que en España “nos vamos a quedar fuera de un modelo energético de futuro” por este motivo.
Desde Podemos, Carolina Bescansa consideró que “la corrupción revela cómo es imposible hacer un tránsito de modelo energético con prácticas corruptas en las instituciones”.
Por su parte, Joan Coscubiela (ICV) subrayó que “el Gobierno español ha sobrepasado todos los límites del Estado de derecho y de la decencia política”, ya que, aseguró, “ha falsificado expedientes y ha hecho todo lo que ha podido para imponer las medidas”.
Piden a la Fiscalía que abra una investigación y determine responsabilidades.
Bases de la denuncia
Según un comunicado de las organizaciones, Los elementos centrales de la denuncia giran en torno a un recorte de 3.000 millones de euros anuales caracterizado por la arbitrariedad y la falta de respaldo técnico; más de 600.000 euros invertidos en consultores externos con los que no se contó al redactar la normativa; numerosas contradicciones en la cronología de un proceso que se adjudicó “a dedo” argumentando la extrema urgencia del mismo; y ausencia de transparencia, aderezada con presuntas presiones del Gobierno a las consultoras para que validaran el “hachazo”.
Además consideran que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de prevaricación y se apunta como autor, fundamentalmente, a Alberto Nadal Belda, Secretario de Estado de Energía.
Por otro lado, las mismas organizaciones exigen al Gobierno que pida responsabilidades políticas al ministro Soria, no sólo como responsable máximo del hachazo irregular a las renovables, sino también por la política energética en materia de renovables de los últimos cuatro años.
La denuncia ha sido también avalada por el apoyo de más de 100.000 personas que se han sumado a esta campaña online a través de la organización Avaaz.
