Hace ya dos días que el presidente de Endesa, Borja Prado, reabrió el debate nuclear anunciando que va a solicitar antes del 6 de julio la reapertura de la central de Santa María Garoña, que es propiedad al 50% de Endesa a Iberdrola a través de Nuclenor. Lo que no queda claro es el plazo en el que se hará efectiva la puesta en marcha de su reactor para producir electricidad.
Ya lo anunciaba en el mes de febrero el presidente de la Sociedad Nuclear Española, Francisco López, quien aseguraba que Nuclenor, propietaria de Garoña (Burgos), podría pedir una solicitud de autorización más allá de 2019 tras aprobar el Consejo de Ministros la exención del impuesto de residuos nucleares con carácter retroactivo que existía en el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.
Según Elías Fernández, portavoz de la planta, “el impuesto con el que se gravaba a los combustibles nucleares con carácter retroactivo provocaba una situación de insolvencia de la central de Garoña, de hecho, nos hubiera supuesto 153 millones de euros solo en ese impuesto, por eso, se decidió cerrarla, y es que la fórmula de este impuesto gravaba no solo la introducción de nuevo combustible sino la reutilización del que ya había sido usado con anterioridad.”
¿10 meses o 3 años?
Una vez que Nuclenor ha visto rentable económicamente la gestión de la central de Garoña con los cambios en la regulación, se abren varios interrogantes sobre el proceso a seguir para que comience a funcionar. Elías Fernández asegura a EnergyNews que “ya hemos solicitado al Ministerio de Industria la licencia de renovación con la documentación que se requiere. Después será el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) quien estudie la seguridad de esa reapertura”.
Y precisamente lo que provoca discrepancias es eso, la reapertura. Para Carlos Bravo, ex responsable de la campaña de Energía Nuclear de Greenpeace y miembro de Salvia, “parece que la regulación aprobada durante el gobierno del PP se ha hecho ad hoc para Garoña”, a lo que añade, “qué casualidad que en mayo de 2015 finalice el plazo para cesar definitivamente la explotación de la central y el Gobierno se apresure a aprobar una Orden Ministerial que dice que aquellas centrales que cierren por motivos económicos pueden volver a solicitar su reapertura, una OM que modifica la ley aprobada en la legislatura de Zapatero”.
Asegura Bravo que “la renovación supone solo unos meses hasta que se dé el visto bueno por parte de las autoridades competentes, es decir, se pondría nuevamente en marcha dentro de la legislatura de Rajoy. En una licencia nueva, que es lo que debería ser, el plazo se ampliaría a 3 años, una demarcación que llevaría a otro escenario político y por tanto, imprevisible. En cualquier caso, es un fraude de ley considerarlo como una renovación porque no solo tiene que acometer reformas millonarias para adaptarse a la nueva normativa europea en materia de seguridad nuclear sino que además lleva, de hecho, un año y medio totalmente cerrada”.
Una visión que no comparte Elías Fernández quien afirma que “es una renovación de la licencia puesto que el CSN ya realizó los estudios de viabilidad y seguridad de la planta en 2006 porque Garoña, al cumplir los 40 años, tenía que presentar una documentación que demostrara que estaba en perfectas condiciones y los aprobó, teniendo así una vida útil de otros 10 años (aunque el Gobierno de Zapatero lo limitó hasta 4 años)” y añade “por tanto, según un programa lógico pero siendo cauto, se supone que el desarrollo que tenemos que hacer en la central nos llevará alrededor de 9 o 10 meses con lo que para febrero o marzo del 2015 Garoña volverá a funcionar”.
Inversiones millonarias en seguridad
Sea renovación o licencia nueva, la central de Garoña debe acometer dos grandes reformas que ya tenían pendientes antes del cese de la explotación y si los parámetros impuestos por la UE en materia de seguridad nuclear aún así no se cumplen, es posible que se obligue a construir una torre de refrigeración que supondría, según José Luis García Ortega, responsable de Energía de Greenpeace, “un alto coste que podría poner en peligro la rentabilidad de la que tanto habla Nuclenor”, lo único, en su opinión, “que podría parar esta ilógica decisión, porque solo puede estar basada en razones ideológicas de un ministro que cree que hay que apostar por la energía nuclear o económica para las dos grandes eléctricas Iberdrola y Endesa, quienes deben pensar que cuanto más trozo de la tarta eléctrica tengan mejor, aún a costa de que una central con un reactor gemelo al de Fukushima pueda provocar un accidente de graves consecuencias”.
Con Garoña o sin ella, lo que parece claro es que el sistema eléctrico español está sobrecapacitado, la demanda sigue descendiendo según datos de REE, un alto porcentaje de las centrales de ciclo combinado están paradas y las renovables cada vez son más competitivas. Y además, no hay que olvidar que en estos 16 meses, el sistema ha funcionado sin ella.
