El sector de la biomasa y de la eólica están de enhorabuena. Industria ha anunciado que está preparando el primer concurso de potencia renovable desde 2012 que se incluirá en un real decreto. En concreto se realizará una subasta para instalar 700 MW, de los que 500 MW serán para eólica y 200 MW para biomasa. Sin embargo, los expertos señalan este anuncio como “electoralista”.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha lanzado una propuesta de real decreto para convocar subastas de potencia eólica y biomasa con derecho a incentivo (Retribución a la Inversión o Rinv) y un borrador de orden ministerial con los parámetros retributivos para ello.
Una decisión “electoralista”
¿Por qué Industria da luz verde a la instalación de nuevas plantas renovables en España si hay un 40% más de energía de la que necesitamos? Una de las razones que esgrime el Ministerio es la necesidad de cumplir con el objetivo europeo que obliga al país a que un 20% de su consumo energético en 2020 tenga su origen en fuentes renovables. España sumaba una cuota del 14,3% en el año 2012, según los últimos datos de Eurostat, por lo que según la Agencia Europea del Medio Ambiente “es muy improbable que España consiga su objetivo” con las actuales condiciones del mercado.
Para Jorge Morales de Labra, experto en el sector energético, “este anuncio se ha hecho en clave electoral, porque no hay que olvidar que con la nueva metodología tras la reforma eléctrica es muy difícil invertir en nuevas plantas de renovables, la inseguridad jurídica y la revisión de las primas cada seis años lo hacen muy poco atractivo”, y añade, “además, se levantaría la moratoria si se convocara la subasta, y mucho me temo que ocurrirá como el pasado mes de agosto, cuando el Gobierno publicó en el BOE las convocatorias para Canarias y Baleares y aún estamos esperando que se fijen las subastas”.
“El Ministerio de Industria ha adelantado levantar el veto a las renovables para dar un titular en prensa, pero se ha hecho con nocturnidad y sin consultar a los sectores vinculados, porque si realmente se quiere poner en marcha, se debería haber publicado la normativa completa”, concluye Morales de Labra.
Insuficiente para la eólica
Una opinión que comparte la Asociación Empresarial Eólica, AEE, quien asegura en un comunicado que “pese a que supone un reconocimiento a la necesidad del país de instalar más potencia eólica de cara a cumplir los objetivos europeos de consumo de energías renovables en 2020, una vez más, la propuesta de normativa se ha realizado sin consultar al sector, lo que implica que se aleja de su realidad y no resuelve la inseguridad jurídica generada por la regulación en vigor”.
La patronal eólica además añade que “los 500 MW eólicos que el Gobierno se propone subastar –que incluirían tanto nuevas instalaciones como la sustitución de máquinas antiguas por nuevas– están muy por debajo de los entre 4.553 y 6.473 MW eólicos que el propio Ministerio indica que son necesarios en el avance de Planificación hasta 2020 que lanzó en diciembre.”
Industria no especifica ni las fechas de las subastas ni la metodología que se aplicará, pero sí el coste que le supondría en incentivos la instalación de los 500 MW eólicos: 21 millones de euros, que se cargaran en los peajes de tarifa. Para ello, quiere aplicar una retribución a la inversión de 40.000 euros por MW, que es alrededor de un 60% inferior a la de los parques instalados en 2013 y 2014, ya con la Reforma Energética en vigor.
Por eso el sector eólico concluye que “estos datos ponen de manifiesto que, una vez más, el Gobierno no ha contado con el sector eólico, el más perjudicado por los recortes de la Reforma Energética”
La biomasa, la más necesaria
Por su parte, Manolo García, presidente de APPA Biomasa, explica a EnergyNews que entiende que “se apueste por la eólica, al ser la más económica del sistema, pero también por la biomasa, porque es la que más beneficios genera a todos los niveles: social, medioambiental, de creación de empleo, de fijación de población rural, etc. Además, el objetivo del PER 2006-2011 no se cumplió y el actual (2012-2020) tampoco tiene visos de cumplirse”.
“El sector de la biomasa tenía un retraso respecto a otras tecnologías limpias, y los políticos piensan en qué tecnología es más necesaria en un contexto de crisis económica, y a diferencia de otras que tienen recursos gratis, como el sol o el viento, y que sus materiales se importan de otros países, la biomasa es un combustible que genera riqueza rural y empleo, por cada MW instalado se crean 10 puestos directos y 15 indirectos. Es una decisión necesaria y de sentido común”, añade García.
“Sin embargo, desde APPA Biomasa consideramos que es insuficiente, pretendíamos un objetivo más ambicioso, incluso se podría llegar al doble, porque es una tecnología madura y que el coste que tiene para el sistema, se devuelve prácticamente al 100%”.
