El pasado día cinco de septiembre, la empresa Nuclenor, formada en un cincuenta por ciento por las eléctricas Endesa e Iberdrola, remitió un escrito al Ministerio de Industria en el que manifestaba que no está en condiciones de pedir la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña. El plazo de presentación de esta solicitud terminaba precisamente el día cinco y la propietaria de los derechos de explotación no ha ejercido su derecho de renovación por no disponer de información suficiente que garantice la viabilidad económica de la planta. Nuclenor afirma que desconoce en qué medida afectarían las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente de aprobación por parte del Gobierno.
En este sentido, Nuclenor solicitó a lo largo del último mes al Ministerio de Industria en sendos escritos que o bien se retrasase el plazo para poder presentar la solicitud de renovación (14 de agosto) o que, en su defecto, pusiera a su disposición la información necesaria (3 de septiembre) para despejar las incertidumbres regulatorias que rodean el futuro de la central de Garoña de cara a poder tomar una decisión que justificara el retorno de la inversión que ésta tendría que llevar a cabo. Parece ser que las inversiones necesarias, fruto del dictamen del CSN y de los planes de modernización permanente de la planta, sería de alrededor de 120 millones de euros.
Nuclenor informa también de que ha remitido un escrito a las consejerías de Hacienda y Economía de la Junta de Castilla y León en el que solicita información acerca de las tasas y demás impuestos que con carácter autonómico tendrían que afrontar. En cualquier caso, sí manifiesta la empresa nuclear que una vez despejadas las incógnitas, estaría en condiciones de soliciitar la renovación puesto que técnicamente reúne todos los requisitos para seguir operando de manera fiable.
Por su parte el Gobierno, tras el Consejo de Ministros celebrado el viernes pasado, y en boca de su portavoz, consideró que es la empresa la que tiene que explicar por qué ha cambiado de opinión sobre la prórroga de explotación de la central, ya que fue Nuclenor la que solicitó la prórroga que fue tramitada por el Gobierno mediante orden ministerial que revocaba la anterior, y previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Calificaron de irresponsabilidad y de incomprensible la decisión de Nuclenor.
Alegan que las instalaciones de Garoña ya han sido amortizadas hace tiempo, y que sería una frivolidad incomprensible el cierre de una central que produjo el 1,3% de la energía eléctrica consumida en España. Según el Gobierno, la no prórroga de esta central hasta 2019 significaría para Endesa e Iberdrola un lucro cesante de 963 millones de euros, y no están justificadas estas acciones que podrían ser interpretadas como un chantaje al Gobierno, que está pendiente de publicar la nueva legislación energética. Una legislación que por otra parte se prevé dura contra las nucleares.
Otros puntos de vista
Es posible que la no presentación de la renovación de la explotación de Garoña pueda ser considerada por algunos como una clara presión al Gobierno para que tenga en cuenta a las nucleares en la nueva legislación, pero desde nuestro punto de vista sí es lícito que una empresa haga sus números para saber si la explotación de una central va a ser rentable o no.
Por otra parte, una legislación dura del Gobierno con tasas altas a las nucleares, podría encubrir un deseo del Gobierno de acabar poco a poco con esta tecnología. De esta forma nunca podría decirse que el Gobierno ha legislado el cierre de las nucleares sino que han sido las propias nucleares las que han decidido unilateralmente su cierre alegando poco beneficio.
El pasado día cinco de septiembre, la empresa Nuclenor, formada en un cincuenta por ciento por las eléctricas Endesa e Iberdrola, remitió un escrito al Ministerio de Industria en el que manifestaba que no está en condiciones de pedir la renovación de la licencia de explotación de la central nuclear de Garoña. El plazo de presentación de esta solicitud terminaba precisamente el día cinco y la propietaria de los derechos de explotación no ha ejercido su derecho de renovación por no disponer de información suficiente que garantice la viabilidad económica de la planta. Nuclenor afirma que desconoce en qué medida afectarían las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente de aprobación por parte del Gobierno.
En este sentido, Nuclenor solicitó a lo largo del último mes al Ministerio de Industria en sendos escritos que o bien se retrasase el plazo para poder presentar la solicitud de renovación (14 de agosto) o que, en su defecto, pusiera a su disposición la información necesaria (3 de septiembre) para despejar las incertidumbres regulatorias que rodean el futuro de la central de Garoña de cara a poder tomar una decisión que justificara el retorno de la inversión que ésta tendría que llevar a cabo. Parece ser que las inversiones necesarias, fruto del dictamen del CSN y de los planes de modernización permanente de la planta, sería de alrededor de 120 millones de euros.
Nuclenor informa también de que ha remitido un escrito a las consejerías de Hacienda y Economía de la Junta de Castilla y León en el que solicita información acerca de las tasas y demás impuestos que con carácter autonómico tendrían que afrontar. En cualquier caso, sí manifiesta la empresa nuclear que una vez despejadas las incógnitas, estaría en condiciones de soliciitar la renovación puesto que técnicamente reúne todos los requisitos para seguir operando de manera fiable.
Por su parte el Gobierno, tras el Consejo de Ministros celebrado el viernes pasado, y en boca de su portavoz, consideró que es la empresa la que tiene que explicar por qué ha cambiado de opinión sobre la prórroga de explotación de la central, ya que fue Nuclenor la que solicitó la prórroga que fue tramitada por el Gobierno mediante orden ministerial que revocaba la anterior, y previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Calificaron de irresponsabilidad y de incomprensible la decisión de Nuclenor.
Alegan que las instalaciones de Garoña ya han sido amortizadas hace tiempo, y que sería una frivolidad incomprensible el cierre de una central que produjo el 1,3% de la energía eléctrica consumida en España. Según el Gobierno, la no prórroga de esta central hasta 2019 significaría para Endesa e Iberdrola un lucro cesante de 963 millones de euros, y no están justificadas estas acciones que podrían ser interpretadas como un chantaje al Gobierno, que está pendiente de publicar la nueva legislación energética. Una legislación que por otra parte se prevé dura contra las nucleares.
Otros puntos de vista
Es posible que la no presentación de la renovación de la explotación de Garoña pueda ser considerada por algunos como una clara presión al Gobierno para que tenga en cuenta a las nucleares en la nueva legislación, pero desde nuestro punto de vista sí es lícito que una empresa haga sus números para saber si la explotación de una central va a ser rentable o no.
Por otra parte, una legislación dura del Gobierno con tasas altas a las nucleares, podría encubrir un deseo del Gobierno de acabar poco a poco con esta tecnología. De esta forma nunca podría decirse que el Gobierno ha legislado el cierre de las nucleares sino que han sido las propias nucleares las que han decidido unilateralmente su cierre alegando poco beneficio.
