El pasado sábado 21 de junio, el madrileño Paseo de la Castellana de Madrid se llenó de luz. Eran manifestantes de toda España que vestían camisetas amarillas para representar a las 65.000 familias fotovoltaicas que lo han perdido casi todo tras la reforma eléctrica. La patronal fotovoltaica Anpier organizó y lideró esta marcha en contra de la actual política energética.
Muchos fotovoltaicos grabarán la fecha del 21 de junio en sus memorias. Según fuentes asistentes a la manifestación, cerca de 5.000 personas venidas de toda España, convocadas por Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, marcharon por el madrileño Paseo de la Castellana y se concentraron frente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para exigir al Gobierno un cambio de rumbo inmediato en su política energética.
Lectura de un manifiesto
En el manifiesto leído a la conclusión, el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca exigió “que la política energética de este país pase a ser una verdadera política de Estado y no la imposición caprichosa de unas pocas personas, que no cuentan ni siquiera con el consenso de su propio partido y sí con el beneplácito de un reducido grupo de empresas” y solicitó “que se tomen medidas efectivas para que la generación eléctrica no sea exclusivamente una actividad del ámbito de media docena de grandísimas empresas y que se democratice su participación y competencia” así como la modificación inmediata de todas las normativas que están destrozando la seguridad jurídica y la confianza en las inversiones de este país.
Los manifestantes también pidieron que se restituya a los pequeños productores de energías renovables los derechos que les otorgaron las normas que les dieron origen a sus instalaciones y que dimitan los máximos responsables del desastre energético que padecen, es decir, el Ministro José Manuel Soria y el Secretario de Estado, Alberto Nadal, que ha aprobado, según Anpier, un nuevo marco para las renovables, que altera de manera retroactiva las condiciones que el Estado propuso para que los ciudadanos colaboraran con sus ahorros a la construcción de un nuevo modelo energético.
Familias arruinadas
Anpier asegura que, una vez puestas en marcha las plantas, y con los patrimonios de estas familias hipotecados, Soria y Nadal derogan sin contemplaciones ni dialogo el sistema de apoyos que se acordó, para imponer un mecanismo de supuesta “rentabilidad razonable” que, en la práctica, supone recortes del hasta el 50% de los retornos que garantizaba el Estado, con lo que resultan inviables la mayor parte de las instalaciones.
Según la patronal fotovoltaica, el acoso que sufren las renovables y las familias productoras, solo se puede comprender si analizamos las motivaciones últimas y los intereses que presiden el nuevo escenario energético que nos quieren imponer: favorecer las tecnologías fósiles y la generación nuclear: peligrosas, contaminantes y controladas por un reducido grupo de empresas; y expulsar del sistema energético a las fuentes renovables, percibidas como una competencia que les priva de sus ingresos; a pesar de que las renovables democratizan el acceso a la energía y de que sus bondades medioambientales, geopolíticas y económicas son evidentes para todo aquel que no se conforme con escuchar el sesgado discurso oficial, que afirma que son gravosas para la sociedad; pero si se hace un cálculo honesto y se computan todos los costes y los ahorros que aportan al bajar el precio de la luz, son absolutamente rentables para el conjunto de la sociedad española en el plano meramente económico, sin entrar en que, además, no generan contaminación ni patologías asociadas y ni supone asumir el riesgo de algún tipo de catástrofe.
La movilización contó con el apoyo y la presencia de numerosos colectivos, entre otros: PSOE, IU, EQUO, Compromis, ICV, Ciudadanos, PSC, ERC, BNG, AGE, Ateval, IU-IVC, Chunta Aragonesista, Greenpeace, UNEF, APPA Fotovoltaica, Plataforma Nuevo Modelo Energético, COAG, Cooperativas Agroalimentarias y Fundación Renovables.
