El Consejo de Ministros del pasado viernes ha sorprendido con nuevas medidas cuyo objetivo, según el Ministerio de Industria, es la protección a los consumidores, la sostenibilidad económica y la estabilidad de ingresos y costes del sistema eléctrico, para no generar déficit de tarifa en 2013.
Se limitan las opciones para retribuir a las instalaciones de régimen especial a la fórmula de tarifa regulada y se establece que la retribución a las actividades reguladas (transporte, distribución y régimen especial), se actualizarán tomando como referencia el IPC sin alimentos ni energía. Ambas medidas supondrán ahorros de entre 600 a 800 millones de euros.
Adicionalmente, se ha llevado a informe un Anteproyecto de Ley para la concesión de un crédito extraordinario por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Ministerio de Industria, Energía y Turismo por un máximo de 2.200 millones de euros para financiar los costes del sistema.
El Ministerio justifica las medidas como consecuencia del incremento constante de los costes del sistema eléctrico en los últimos meses, y la reducción de ingresos por el descenso de la demanda eléctrica.
Medidas
Cambio en la actualización de todos los costes del sistema eléctrico. La actualización de precios con respecto al IPC pasará a actualizarse con respecto al IPC subyacente, es decir, sin tener en cuenta el incremento del IVA, el de los alimentos no elaborados, ni el de los productos energéticos. Esta medida supone un ahorro estimado de unos 337 millones de euros anuales.
Fórmula única de retribución a las instalaciones de régimen especial. Se elimina el sistema retributivo de “precio de mercado + prima”, quedando como única opción la tarifa regulada o el precio de mercado sin prima. Además, la elección no podrá ser cambiada anualmente sino que deberá ser elegida para toda la vida del proyecto, con lo que el Ministerio trata de evitar la volatilidad de las estimaciones en los costes y tiene un ahorro estimado de entre 250 a 500 millones de euros, dependiendo de los precios del mercado.
Anteproyecto de Ley para un crédito extraordinario para las primas al régimen especial. El Ministerio de Hacienda concederá un crédito extraordinario al Ministerio de industria para financiar si fuera necesario las primas al régimen especial de 2013 por un importe máximo de 2.200 millones de euros. La cantidad suficiente se integraría en el sistema eléctrico a medida que fuera necesario.
El Anteproyecto de Ley se remitirá al Consejo de Estado para informe y continuará con su tramitación en las Cortes Generales para después ser integrado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.
Reacciones
La Asociación de Productores de Enegías Renovables, APPA, considera que las nuevas medidas adoptadas por el Ministerio de José Manuel Soria, saca a las energías renovables del mercado y constituyen nuevos pasos para el exterminio del sector renovable en España. Unas medidas que no han sido discutidas ni comunicadas al sector, y que sumadas a las anteriores, continúan la línea de retroactividad y por tanto la modificación de las reglas del juego. Valoran la medida como el hundimiento de la reputación de nuestro país ante los ojos de los inversores internacionales. Según APPA, el Gobierno desoye las directivas europeas, el eurobarómetro en el que el 81% de los españoles apuesta por las renovables, y le acusa de que su objetivo final no es otro que el de entregar las plantas a las entidades financieras. Los argumentos para estas medidas están basados en la desinformación cuando solicitan un crédito de 2.200 millones para un posible desfase de las primas al régimen especial, ya que en realidad las renovables han ahorrado al mercado eléctrico 7.607 millones de euros en el período 2005-2011. Las energías renovables son la apuesta mundial de todos los gobiernos para combatir la dependencia energética mientras que en España están siendo perseguidas por el Gobierno cuando deberían ser firmemente apoyadas como un pilar fundamental de nuestra recuperación económica.
La Asociación Empresarial Eólica, AEE, considera inaceptables unas medidas que vulneran la ley, quiebran la seguridad jurídica y ponen al sector en una situación insostenible. Asimismo, anuncia medidas legales contra la Ley, que se establece sin haber consultado previamente a los actores implicados y sin respetar el principio de rentabilidad razonable. Las instalaciones eólicas se gestionaron sobre la base de un tipo de retribución estable (el 80% de las instalaciones se encuentran acogidas a mercado + prima) y de una actualización anual en torno al IPC. La suma de ambas medidas tendrá un impacto de unos 300 millones de euros para la eólica en 2013, medidas que amplían la rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha o la del nuevo impuesto del 7% a la generación. En conjunto, estas medidas suponen el riesgo del pago de la deuda financiera, y la vulneración del principio de confianza legítima, así como la reducción de sus ingresos en unos 600 millones de euros, lo que representa alrededor del 15% de su facturación. AEE advierte que estas medidas retroactivas suponen el desmantelamiento final de la industria eólica en España.
Para UNEF, estas medidas, que se suman al recorte retribuido aprobado por el anterior Gobierno del 30% durante 2011, 2012 y 2013, que a partir de este momento se queda en el 10% durante el resto de la vida útil de las instalaciones, hay que sumar el impuesto del 7% a la generación, suponen la suspensión de pagos durante este año, obligando a sus propietarios a renegociar la deuda, a aportar fondos propios o a entregar su instalación a la entidad financiera sin no pueden afrontar los pagos.
PROTERMOSOLAR, la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica, es más duro si cabe en sus declaraciones, ya que acusa al Gobierno de salvaguardar los intereses de las grandes eléctricas frente a los de las renovables. Considera que este paquete de medidas junto con las anteriores representan un impacto acumulado de un 30% de reducción de ingresos y sitúa a los proyectos termosolares en situación de default. Solicita al Gobierno la misma seguridad jurídica que pide para sus empresas en el exterior, se pregunta por qué no se aplica la misma tarifa a las nucleares o las hidráulicas, y no entiende que se castigue a la industria termosolar, que no es responsable del déficit de tarifa y que aporta 2.000 millones de euros al PIB y 25.000 trabajadores en los últimos años.
ANPIER, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, considera al Gobierno inmoral e insensible con los 55.000 productores fotovoltaicos en España. Con el conjunto de las medidas adoptadas, una instalación tipo de 60 kilovatios (kW) reportaba unos 9.000 euros de beneficio anuales con la normativa que regulaba al sector en 2007, mientras que con la aplicación de las normas retroactivas introducidas en 2010 y la nueva tasa del 7% esta misma planta arroja unas pérdidas superiores a los 8.000 euros. Para Miguel Ángel Martínez Aroca, presidente de ANPIER, lo único que se pretende es echar del sector energético a los miles de pequeños inversores.
