El pasado 4 de marzo el BOE recogía una Orden en la que se proponía incluir en la lista de lugares de importancia comunitaria (LIC) de la Red Natura 2000 el espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura. Este anuncio aparente poco atractivo desde el punto de vista energético esconde mucho más de lo que parece en cuanto a la política energética de nuestro país.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se produce apenas mes y medio después de que la multinacional Repsol anunciara el abandono de las prospecciones en aguas del archipiélago canario. ¿Casualidad? Lo cierto, es que lo acontecido en el proyecto de prospecciones en Canarias “casi nada” ha sido casual. Un poco de historia reciente nos puede dar pistas sobre ello.
El año 2012 se estrenaba con un canario como nuevo ministro de industria. Entre sus primeros nombramientos está el del Secretario de Estado de Energía, ex-director de Planificación de Repsol Exploración. El 16 de marzo de 2012 el ministro eleva al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se otorgan a la multinacional 9 permisos de investigación de hidrocarburos en Canarias. Permisos que habían sido previamente anulados en 2004 por el Tribunal Supremo.
A partir de aquí toda una serie de “trapisondas” por parte del órgano competente para favorecer los intereses económicos de la compañía y, bloquear el rechazo popular y de las administraciones canarias. La hoja de ruta era clara y la decisión firme, llevar a Repsol, cueste lo que cueste, a buscar petróleo a Canarias. De nada sirvieron alegaciones de científicos y organizaciones al proyecto, denuncias en tribunales españoles, quejas en Bruselas por vulneración de Directivas (que deberán resolverse con previsibles sanciones al reino de España) o acciones pacíficas en plena mar por parte de Greenpeace para denunciar el proyecto.
Entre las múltiples “irregularidades” cometidas por el Gobierno central, en favor de los intereses económicos de la multinacional, ha estado la de reducir intencionadamente y sin base científica los límites del LIC marino. Los límites del mismo habían sido propuestos en 2011 por el propio Ministerio de Medio Ambiente y abarcaban un área más amplia para permitir proteger el hábitat. Ya que se trata de una de las áreas marinas más importantes de Europa en cuanto a biodiversidad. Cabe recordar que en Canarias se ha registrado la presencia de 30 especies de cetáceos (28 de ellas observadas en la zona del LIC).
Esta burda maniobra permitía al Ministerio de Industria distanciar 10 km los sondeos otorgados a Repsol del LIC y justificar que el proyecto no afectaría a especies protegidas. Como si ballenas, delfines y tortugas supieran reconocer límites administrativos dibujados en un mapa.
Además, este mismo LIC viene sufriendo un significativo retraso para ser aprobado respecto al plan previsto en 2009, y será el último fuera de plazo en declararse. Estas irregularidades han sido denunciadas por Greenpeace a los responsables del Ministerio de Medio Ambiente y forman parte de la segunda queja que en octubre de 2014 la organización mandó a Bruselas. Por supuesto, seguimos a la espera de sendas respuestas.
Medioambientalmente esta historia, de momento, tiene final feliz. No se sacará petróleo de las aguas del archipiélago. No se pondrá en riesgo la inmensa biodiversidad del área y el futuro socio económico de Canarias queda a salvo. Públicamente se ha escenificado una ruptura entre el Gobierno y Repsol, quien se ha quedado solo tras la espantada de la multinacional. Ahora el ministro “despechado” pretende sancionarla por no cumplir la resolución otorgada por Industria.
Por su parte, Repsol ha justificado su intención de no seguir con las prospecciones en Canarias argumentando que no se han encontrado hidrocarburos dignos de ser explotados. Está por ver lo que han hecho realmente frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Pero lo cierto es que a Repsol le costará reconocer el peso que ha tenido en su decisión de abandonar las aguas del archipiélago, el unánime rechazo social y de las administraciones canarias a un proyecto petrolero avalado por el Gobierno central.
Julio Barea (@juliobarea) – Responsable de Campaña de Energía de Greenpeace España.
