Sorprende que mientras el ministro Soria presume de su política energética, el resto de sus colegas regionales no lo ven tan claro. Hace unas semanas fue el presidente de Castilla y León que culpaba al titular de Industria de la pérdida de votos en León por la gestión de la crisis de la minería y ahora es el del País Vasco que se muestra en contra del desarrollo del fracking.
Gracias a los votos del PSOE, EH Bildu y del PP, el Parlamento del País Vasco ha aprobado un dictamen en el que se opta por impedir la fractura hidráulica en Euskadi. Llama la atención que precisamente ha inclinado la balanza a favor del no los votos del Partido Popular vasco, porque la postura del PP nacional es alentar el empleo en España de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.
El PNV se ha quedado solo en la defensa de una moratoria y UPyD se ha abstenido.
Primer paso para el ‘no al fracking’
Sin embargo, éste solo ha sido el primer paso porque ahora el documento tendrá que ser ratificado en el pleno. El dictamen enmienda una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 100.000 firmas. El texto aprobado prohíbe el fracking de facto, porque aunque no se puede tomar ese tipo de decisiones a nivel autonómico, según ha sentenciado en otros casos el Tribunal Constitucional, eleva tanto los requisitos para poder llevarla a cabo que supone una prohibición de hecho en toda regla.
Con esta decisión, se pretende modificar algunos artículos de la Ley de Suelo como por ejemplo, impedir la autorización del ‘fracking’ en suelo no urbanizable, y en la de Ley de Agua se introducirá la prohibición en acuíferos con vulnerabilidad media, alta o muy alta y se exigirá una evaluación medioambiental estratégica y no pozo a pozo.
Cambiar la ley urbanística
Hace tan solo cuatro años, el gobierno del País Vasco presumía de ser una potencia en materia de gas y de bendecir su explotación, incluso con fotos de socialistas vascos en un pozo de fracking de una firma norteamericana en Dallas (EEUU).
¿Está el País Vasco abriendo la puerta al veto del fracking por otros cauces? Ya os contamos que el Tribunal Constitucional anuló normas de comunidades autónomas como Cantabria, La Rioja o Navarra que legislaron en contra de la fractura hidráulica, pero todavía queda una oportunidad, la vía catalana.
La Generalitat no ha aprobado una normativa específica, sino que ha cambiado su ley urbanística, y pese a que el Gobierno central lo intentó anular también ante el Tribunal Constitucional, a finales de marzo los magistrados levantaron la paralización al entender que no fija una prohibición genérica. La modificación de la normativa urbanística aprobada por la Generalitat dice: «En la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable, en el caso de aprovechamiento de hidrocarburos, no está permitida la utilización de la tecnología de la fractura hidráulica cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas de la zona, o en relación con otros ámbitos competenciales de la Generalitat».
El Gobierno central forma parte del bloque de 11 países de la Unión Europea que han abierto la puerta a la fractura hidráulica.
