Hoy está previsto que quince sectores industriales hagan público un manifiesto en el que detallarán las consecuencias que puede provocar tanto el impuesto a la generación eléctrica como la tasa a la generación con gas natural o mal llamado céntimo verde, porque ni es un céntimo ni es verde. Es más bien de color marrón chapucero. Este grupo de presión, formado por más de 900 industrias, obtiene su energía de la cogeneración que tienen instalada en sus centros productivos, beneficiándose triplemente, mediante la prima que reciben (o recibían) del Gobierno por estar adscritas al Régimen Especial (junto a las renovables), mediante la electricidad que autoproducen mediante gas natural, y a través del calor residual de los escapes del motor y de la caldera de gas, que aprovechan para sus industrias.
Por una parte la moratoria está cercenando sus beneficios, y por otra parte, si a la tasa del 6% a la generación eléctrica, le añadimos un 7% adicional por el céntimo verde que encarecerá el gas natural, nos encontramos con un 13%, muy superior a la tasa de retorno (TIR) del 7,5% que les reconoce el Real Decreto 661/2007.
Estos sectores, que han tenido que limitar sus beneficios por el efecto de la crisis y la disminución de ventas, tendrían sus días contados si tienen que cerrar sus plantas de cogeneración y acudir a las eléctricas para obtener toda la energía que precisan, un 20% más cara que la autogenerada. Así pues, se verían afectadas por dos lados: por su condición de productores de energía y por su condición de grandes consumidores. El tan cacareado autoconsumo, que empezó con la cogeneración en nuestro país, parece destinado a su fin.
Esta demanda pública al Gobierno, se gestó en la sede de la CEOE, donde se reunieron representantes de la siderometalurgia, el cobre, el automóvil, la alimentación, las papeleras, la química y la ladrillera. Según declaraciones de Carlos Reinoso, director general de Aspapel, la gravedad del cierre de una cogeneración no lo es tanto por los despidos de seis u ocho personas que mantienen la planta, sino por el de 300 trabajadores que emplea la industria que depende de ella. Pero hablando de grandes cifras, hay que echarse a temblar cuando nos dice que de los 2,5 millones de empleos industriales, 1,4 están ligados a la cogeneración.
La energía supone una parte importante de los costes en la industria manufacturera. Y la cogeneración -en tanto combina la energía eléctrica y térmica (vapor y/o calor)- los rebaja en hasta un 30%, lo que permite a las empresas ser más competitivas. Sin embargo, el Ejecutivo estrangula desde hace meses las ventajas de que gozaban las plantas. Para empezar, el Real Decreto 1/2012 suponía un ajuste del 50% de las primas para las plantas que cumplieran 15 años de operación. El 38% de la potencia del sector (2.372 megavatios y 505 instalaciones) lo hacía este año y en tres años años lo hará un 35% adicional. Un primer ajuste que el sector calcula en 233 millones en 2012 y 448 en 2015.
El segundo gran recorte viene por las tasas aprobadas hace apenas días, que supondrán al sector más de 400 millones al año, según los cálculos de Acogen. Y todos señalan un culpable: el secretario de Estado de Hacienda, que se habría plegado a los intereses de las grandes eléctricas. Aunque a las eléctricas también se les ha impuesto un canon, estas tienen la posibilidad de repercutirlo, mientras que la cogeneración genera el 12% de toda la electricidad que necesita España y utiliza el 20% del consumo total de gas natural.
Filosofía del Proyecto de Ley
Todos los grupos energéticos abogan por un radical cambio en la política de tasas, que no harán sino sangrar a las industrias hasta ahogarlas por completo. Sin embargo, la filosofía de Soria es disponer de un sistema energético sostenible y que no genere déficit, su principal premisa. El ministro está abierto a cualquier posible mejora, pero siempre dentro de la línea marcada de austeridad.
Ejemplos
El sector azulejero sufriría un aumento de 30 millones en la factura energética, cifra que se come todos sus beneficios del año 2010, que ascendieron a 32 millones. La industria del azulejo ha sobrevivido al impacto de la crisis en la construcción gracias a su capacidad exportadora, pero el peso de la factura eléctrica en su coste de producción alcanza el 20%, y este impuesto puede poner en serio riesgo la competitividad del producto en el mercado nacional e internacional.
Según el presidente de Acogen, el efecto inmediato a la aprobación de la ley el 1 de enero, sería el cierre del 30% de la industria, y del 60% en los próximos 3 años.
