Por Laura Ojea
En tan solo este mes de agosto, Elcogas ha recibido una autorización de cierre por parte de Industria, un anuncio de rescate de 20 millones de euros anuales del secretario de Estado de Energía, y el parón definitivo en la producción de electricidad según sus propietarios. ¿No se ponen de acuerdo ministro y secretario o es que las Elecciones están a la vuelta de la esquina?
A primeros de agosto el Ministerio de Industria autorizaba el cierre de la Central Termoeléctrica de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) que la empresa Elcogas tiene en Puertollano (Ciudad Real). Un cierre solicitado en julio de 2014 por la entidad.
Sin embargo, tal y como os hemos contado, Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, anunció hace tan solo una semana que se iban a realizar inversiones de hasta 20 millones de euros anuales para rescatar la planta porque el Ministerio tenía mucho interés en ella.
Mientras tanto, los propietarios de Elcogas ya han comenzado el proceso para el cierre definitivo de sus puertas. Han anunciado la suspensión de contratos con las empresas auxiliares que trabajan allí, y van a adelantar el cierre de noviembre a septiembre, como tenían previsto en el plazo otorgado por Industria.
300 puestos de trabajo
Unos 300 trabajadores se enfrentan a salir a la calle en una provincia donde el porcentaje de paro se sitúa en los primeros puestos, cercano al 34%. Jesús Crespo, secretario del Comité de Sindicatos de Elcogas, explica a EnergyNews que “puede pasar cualquier cosa, la noticia del secretario de Estado nos abre una puerta a la esperanza, pero no nos fiamos, ni siquiera la empresa tenía conocimiento previo del anuncio que hizo Nadal la pasada semana” y remarca “lo único que sabemos es que esta planta es modélica y única en Europa porque está basada en una tecnología de gasificación de carbón que permite que sea sostenible medioambientalmente”.
“Nos gustaría que fuese una propuesta de última hora y que permitiera que el proceso de cierre fuera reversible” afirma Crespo. Mientras tanto, los trabajadores han decidido por unanimidad encerrarse en el Ayuntamiento de Puertollano para pedir a los propietarios de la termoeléctrica una moratoria, al menos hasta el 30 de septiembre.
“Han llegado a decir que el coste laboral asciende a cerca de 14 millones de euros anuales, algo que significa unos 100.000 euros por trabajador de media, pero quien quiera puede ver el convenio colectivo y comprobar que las nóminas no superan los 40.000 euros. Quieren vender a la opinión pública que la culpa del agujero financiero de Elcogas son los altos sueldos de los trabajadores y no es así”.
Demasiados cocineros…
En el año 1992 se constituye Elcogas, y en ella participan las grandes eléctricas europeas: Enel, EDF, Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico y EDP.
En 1997 llega la liberalización del sector eléctrico con la aprobación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que sirvió como sistema de compensación económica. Sin embargo, años después, en 2001, el Gobierno tuvo que aprobar un Plan de Financiación Extraordinario para Elcogas por errores en las compensaciones que tuvo que ser ampliado en 2006, al finalizar el régimen de los CTCs, con un Plan de Viabilidad.
Pese a contar con este Plan, por el carácter innovador y la inmadurez comercial de la tecnología, se le reconoce como una planta de carbón convencional, porque en ese momento aún no se había incorporado la tecnología de carbón sintético.
Esta clasificación lleva a incluir a Elcogas en el Plan de Viabilidad del Carbón, (que beneficia a aquellas centrales que consuman carbón nacional), pero con la crisis económica cae el consumo eléctrico. El agua y el viento aportan tanta electricidad al mercado eléctrico que la central no produce lo suficiente como para llegar a una situación financiera sostenible.
A día de hoy, los resultados de la planta arrojan unas pérdidas que, sumando desde el inicio de la actividad, superan los 200 millones de euros, incluyendo los 11,8 millones de euros de resultados negativos registrados en los siete primeros meses de 2015.
“Si desde el Ministerio hubiera voluntad real de apoyar la central, si se invirtieran 20 millones de euros anuales, esto se podría salvar”, concluye Crespo.
