Ayer tuvo lugar la jornada sobre modelos regulatorios para la eólica que la Asociación Empresarial Eólica celebró en las instalaciones de la Central de Vestas Mediterranean. La jornada reunió a un grupo de expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los diferentes modelos regulatorios posibles para la energía eólica en un momento especialmente delicado para el sector, afectado por la moratoria introducida en el Real Decreto-Ley 1/2012 y sin una normativa más allá de diciembre de este año. Los expertos coincidieron en que, independientemente del modelo, lo fundamental es que el nuevo marco regulatorio sea estable y predecible y preserve la actividad industrial del sector. Asimismo, destacaron la importancia de mantener la seguridad jurídica de las instalaciones eólicas en marcha para seguir atrayendo inversión.
La eólica, que empezó a crecer con el libro blanco con el que se fijaba una cuota del 12% para 2010, y que vio en la normativa 2001/77/EC su marco regulatorio para las distintas normativas nacionales, está viendo como los objetivos 2020 parecen alejados en algunos países, y la tendencia 2020-30 es de bajada de la inversión. Esto se opone frontalmente a los objetivos de reducción de emisiones que estiman una reducción de un 90% con respecto a 2005.
La eólica en USA
Robert Gramlich de la AWEA, dio un repaso a la política de incentivos americana, destacando dos como los más importantes: Los PTC (Production tax credits), ayuda federal que ayuda a mantener los costes en 30 estados, y los Incentivos fiscales al consumo en un segundo plano. Los PTC ofrecen 42 céntimos de dólar por KW/h, que supone un tercio del total de su coste de producción. El problema es que este tipo de ayudas finaliza en 2012 y no se prevé una ampliación por la situación económica. Ambos partidos están es estos momentos pensando en políticas de contención del gasto, teniendo en cuenta las próximas elecciones. Existe gran incertidumbre en un corto plazo. A esto hay que unirle el bajo precio del gas natural americano que sigue una tendencia bajista en los últimos dos años, siendo un gran competidor de la eólica. De esta forma, la eólica tendrá que intentar llegar a la paridad mediante el desarrollo tecnológico de sus productos.
Italia
Andrea Zaghi, responsable italiano de APER, ofreció una visión de la actual política italiana en energía eólica. A finales de 2011 contaban con una potencia instalada de 6.860 MW, y está previsto en su plan a 2020 una potencia de 12.680 MW. Aunque entre 2005 y 2008 se implementaron políticas de impulso de la eólica con un horizonte de 15 años, a partir de 2009 ha habido un parón por la incertidumbre de la nueva reglamentación prevista para enero de 2013. Las plantas de más de 5 MW tendrán que entrar en un sistema de subastas, que según Andrea Zaghi, ralentizarán aún más y retrasarán las inversiones en eólica.
Un problema en las subastas es que si bien hay más transparencia, se corre el riesgo de que los proyectos que han ido muy a la baja no se lleguen a realizar por la falta de rentabilidad. Habría que contar con un buen sistema de penalizaciones. Según estudios, sólo el 19% de los proyectos aprobados mediante subasta en Europa llegaron a realizarse.
Futuro incierto
En la segunda parte de la jornada se abordaron ya diversas temáticas relacionadas con la eólica en España. Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la asociación, actuó de moderador para tratar de llegar a conclusiones respecto de la problemática energética. En cuanto a la demanda energética para los próximos años, todos los ponentes estuvieron de acuerdo en que es imprevisible y que en cualquier caso el PER debe ser una herramienta flexible y revisable.
Jesús Antonio Losa, director del Área de Financiación de Energías de Caixa Bank, alertó sobre el descenso del precio del gas natural que le ponen claramente por delante de la eólica para los próximos años a no ser que se produzcan cambios. Del mismo modo, David Pérez, socio de la firma de consultoría Eclareon, llamó la atención sobre el precio de la fotovoltaica que ha llegado a la paridad con la eólica en muy poco tiempo, siendo esta una gran competidora de la eólica, no sólo en grandes dimensiones sino también en pequeñas conexiones.
Jesús Sánchez de Tembleque, subdirector de Regímenes Especiales de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), valoró la situación actual en cuanto al grave problema de la sobreproducción de energía y a la alta tarifa eléctrica que ya pagan los consumidores (sólo por debajo de la tarifa de Malta y Chipre). Según su criterio el objetivo 2020 no se verá incumplido a pesar de la falta de primas a las renovables.
Parálisis del sector
El moderador puso sobre la mesa la pregunta sobre la moratoria y todos estuvieron de acuerdo en que el el parón del sector no lo es tanto por la moratoria en sí sino por la falta de normativa a largo plazo y en la falta de credibilidad. La incertidumbre hace que falte inversión y financiación. Recordaron que el régimen especial sigue abierto a pesar de la falta de preasignación, y que existe una ventaja a la hora de la prioridad sobre la distribución y el enganche con respecto al régimen ordinario.
Nueva normativa
Heikki Willstedt, desgranó los principios que debe cumplir la nueva norma: no vulnerar los derechos adquiridos por los parques instalados; favorecer la estabilidad; permitir el control de volúmenes y costes del sistema; compatibilizar el cumplimiento de los objetivos europeos con las mejoras tecnológicas; establecer un objetivo diferenciado para Canarias; fomentar la repotenciación; eliminar las distorsiones que introducen las contrapartidas que exigen las comunidades autónomas; y garantizar una retribución mínima para facilitar el acceso a la financiación.
Asimismo, describió los diferentes modelos regulatorios para la eólica que imperan en el mundo, con cuatro a la cabeza: feed-in-tariff (que incentiva a la eólica mediante una tarifa fija o variable que perciben las empresas, como es el caso de España); certificados verdes (que adquieren las comercializadoras de electricidad para cumplir con unos objetivos fijados por el Gobierno); incentivos fiscales o financieros a la inversión; y subastas (el Gobierno establece objetivos de potencia y la selección se hace, en la mayor parte de los casos, por precio).
En relación a las subastas, todos los participantes vieron estas con algo de escepticismo, aunque vieron en este sistema una posibilidad de abaratamiento de los costes y de seguridad en la venta de la energía ya que fijaría un precio mínimo de venta, que permitiría trabajar a largo plazo.
