Los controvertidos impuestos ambientales que han incorporado en los últimos años las Administraciones Públicas tienen el fin de corregir las externalidades negativas que provocan determinadas actividades económicas en el medio ambiente. Por este motivo, Ramón Lubián, Mánager de Financiación de la Innovación de la compañía Alma CG cree lógico que las empresas que realizan mejoras ambientales, se aprovechen de las deducciones fiscales, pero no siempre es así.
Desde un punto de vista práctico, el establecimiento de tributos ambientales es prácticamente la única vía que tienen las Comunidades Autónomas para crear nuevas fuentes de financiación a través de la fiscalidad. De hecho, más del 90% de los ingresos por tributos propios proceden de los denominados impuestos ambientales. Quizá por esta razón, unido a la crisis y a los estrictos límites de déficit impuestos, ha crecido exponencialmente en los últimos años el número de impuestos autonómicos de carácter ambiental: actualmente conviven en España más de 45 tributos en diferentes campos de actuación.
Ante esta coyuntura es hora según Lubián de dar a conocer a las empresas afectadas por los impuestos ambientales las posibles deducciones por las inversiones de carácter ambiental, ya que estas deducciones están infrautilizadas en cuatro grandes sectores: 1) grandes áreas de venta y grandes superficies comerciales; 2) emisión de gases contaminantes a la atmósfera; 3) vertidos litorales y 4) distribución de electricidad e instalaciones de telecomunicaciones.
1/ El aumento del tráfico rodado en los alrededores de las grandes superficies conlleva una externalidad negativa ambiental que es corregida mediante un impuesto en Asturias, Aragón, Canarias, Cataluña, La Rioja y Navarra. Sólo en Aragón, Asturias y Canarias cuentan con una bonificación o deducción en este impuesto por las inversiones realizadas para mejoras ambientales, pero mediante la obtención de un certificado se pueden obtener rebajas del impuesto entre un 10% y un 45% dependiendo de la Comunidad Autónoma.
2/ El impuesto sobre emisiones contaminantes a la atmósfera, que afecta a la industria y Plantas de producción de energía es aplicado en siete comunidades: Galicia, Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana y Murcia. Las deducciones por la realización de inversiones de protección ambiental se sitúan entre un 15% y un 30% del valor de las inversiones realizadas, y puede suponer una disminución del impuesto de hasta un 50% anual, pero se requiere un certificado ambiental. Se puede solicitar esta deducción en las Comunidades de de Andalucía, Aragón y Murcia. En Castilla la Mancha y Valencia se restringe únicamente al ámbito de instalaciones de sistemas de medición continua de los contaminantes emitidos con un rendimiento mayor del 80%, obteniendo una bonificación que oscila entre el 2% y el 7% de la cuota. En Galicia sin embargo, no existe ningún tipo de bonificación.
Cabe señalar además, que la realización de actuaciones de mejora ambiental también está bonificada en el impuesto de sociedades (actualmente con una deducción equivalente al 8% del valor de la inversión). Por lo tanto, puede recuperarse hasta un 38% del coste de este tipo de inversiones mediante un menor pago de impuestos.
3/ La inversión en infraestructuras y bienes de equipo orientados al control, prevención y corrección de la contaminación hídrica, genera el derecho en Andalucía a una deducción en este impuesto, que puede alcanzar el 25% de la inversión realizada, y suponer una reducción en el pago del impuesto de hasta el 50% anual.Al igual que en el caso anterior, también hay que tener en cuenta que, adicionalmente, las inversiones de mejora ambiental pueden dar lugar a una deducción en el impuesto de sociedades que alcanza el 8% del coste de la inversión realizada, con lo cual, podría llegar a recuperarse hasta un 33% de la inversión realizada.
4/ Por último, el impuesto a las instalaciones de telecomunicaciones y distribución eléctrica grava el impacto contaminante y visual que producen las instalaciones de transporte y distribución de energía,así como las instalaciones de telecomunicaciones como: antenas, torres o postes.El cálculo de la cuota está relacionado con la longitud de los tendidos eléctricos en el primer caso, y con el número de antenas o dispositivos similares no conectados entre sí mediante cables, en el caso de las telecomunicaciones.
En el ejercicio 2013 las comunidades que poseen este impuesto son: Asturias, Castilla y León (sólo para transporte eléctrico), La Rioja, Extremadura y Canarias.Únicamente la comunidad canaria prevé una posible deducción por la adquisición de bienes o derechos del inmovilizado material o intangible que se dirijan a adoptar medidas preventivas, correctoras o restauradoras de los efectos negativos de la contaminación en el medio natural, que alcanza hasta un 60% del valor de la inversión ambiental realizada, y puede suponer hasta un 45% de ahorro anual en el pago del impuesto.
Ramón Lubián
Manager Financiación de la Innovación(Área Industrias Manufactureras y Medio Ambiente)
