Unos aranceles del 60% tendrían un coste para la economía europea de hasta 242.000 puestos de trabajo y de 27.000 millones de euros en los próximos tres años. Por este motivo, cerca de 30 compañías fotovoltaicas europeas viajan a Bruselas para asistir a una audiencia de la Comisión Europea, organizada por la Alianza para la Energía Solar Asequible (AFASE). Las empresas pretenden hacer ver a la UE cómo los aranceles están provocando la cancelación de pedidos y la destrucción de puestos de trabajo.
Un estudio presentado por el instituto de investigación Prognos (Suiza) explica que la imposición de aranceles provocaría automáticamente una contracción de la demanda. El informe estima que podrían perderse 242.000 empleos en Europa en los próximos tres años, con una imposición de aranceles del 60%. Esta es una de las razones por las que la coalición de más de 700 empresas europeas fotovoltaicas, AFASE, defenderá ante la Comisión Europea la interconexión de la cadena de suministro fotovoltaico mundial, la generación de puestos de trabajo en la Unión y los beneficios económicos de la industria fotovoltaica, la importancia de las reducciones de costes en el sector para cumplir los objetivos climáticos y de energías renovables europeos y las consecuencias negativas del proteccionismo sobre el empleo.
Thorsten Preugschas, CEO de Soventix GmbH y presidente de AFASE ha explicado que “venimos a Bruselas a declarar en contra de estos impuestos nocivos y perjudiciales, que únicamente están provocando la contracción del mercado y destruyendo muchos empleos en Europa. Ya tuvimos que prescindir de trabajadores a causa del aumento de los precios y de la caída de la demanda por los aranceles fijados inicialmente. Solo espero que el caso de Gehrlicher Solar AG sirva para alertar a la Comisión Europea y que la intervención de mañana les convenza de actuar en lugar de esperar mientras nuestra industria se colapsa”.
Gehrlicher Solar AG (GSAG), una de las compañías más antiguas de la industria solar y uno de los primeros miembros de AFASE, anunció el pasado 9 de julio su insolvencia, como consecuencia directa de “la introducción por parte de la Unión Europea de medidas anti-dumping sobre los módulos chinos y el consecuente deterioro de las condiciones del mercado en Europa”, según la compañía.
Las empresas fotovoltaicas no están de acuerdo con la regulación de la Comisión Europea sobre las medidas preliminares publicadas el pasado 5 de junio. Dennis Gieselaar, director general de la compañía holandesa Oskomera Solar Power Solutions y miembro del consejo de AFASE ha afirmado que “La Comisión ha basado sus conclusiones en una muestra de solo siete compañías. La amplia mayoría de los instaladores europeos no puede permitirse asumir los impuestos, incluso al nivel actual de 11,8 por ciento. Para la mayoría de los players del sector, los beneficios netos están por debajo del 10%. La Comisión se equivoca al considerar que los instaladores fotovoltaicos pueden desarrollar sectores fácilmente. Ni los instaladores ni los desarrolladores de proyecto pueden pasar a desarrollar una actividad totalmente diferente, como la eólica. Somos una industria profesional y especializada, nuestros empleados reciben formación específica y no pueden cambiar de sector de un día para otro”.
