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El Ministerio se queda solo

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Protestas, quejas, reclamaciones, de todas las asociaciones es lo que está recibiendo el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en los últimos meses, tras la presentación del proyecto de ley de energía. Cierres, paros, movilizaciones sociales y hundimiento de exportaciones es lo que prevé el frente de las principales patronales del sector industrial contra la nueva fiscalidad eléctrica, en la nueva carta abierta al Gobierno en la que considera que la nueva norma “institucionalizará la crisis por Ley”.

La carta, que firman ya diecisiete asociaciones empresariales, pone de manifiesto que “el proyecto de reindustrialización de Europa no llegará a nuestro país, y que no habrá ningún inversor industrial que apueste por España, al tiempo que “permanecerá el déficit tarifario  que pretende reducir, pues no habrá industria que pueda financiarlo”. Consideran “inviable la recuperación económica basada en la industria, con unas medidas fiscales que generarán una falta de competitividad inmediata en múltiples sectores, y que pondrán en riesgo la supervivencia del tejido industrial español y de miles de empresas, con consecuencias irreversibles en el empleo”.

El programa de Gobierno del Partido Popular, citaba como objetivo prioritario la necesidad de impulsar el desarrollo industrial, y recuerdan que el propio Ministerio de Industria se ha comprometido a actuar en este sentido: “Siendo los costes energéticos uno de los factores que en mayor medida determinan la capacidad de competir de la industria, resulta sorprendente que se presente una iniciativa legislativa cuyo efecto inmediato será el de trasladar al tejido productivo un incremento de sus costes inasumible desde el punto de vista competitivo”, afirma.

 

Fraude al consumidor

Según el presidente de la Unión de Consumidores (UCE-Asturias), Dacio Alonso, la tarifa eléctrica subirá para la mayoría de los consumidores entre un 30% y un 35% a partir de enero del próximo año, fruto de la eliminación de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y la liberalización del sistema. Alonso tachó la situación de fraude eléctrico del Gobierno, por su connivencia con las Eléctricas, y la falta de control real en el precio del kW, que es fijado por el costo de la producción de los combustibles más caros como el carbón o los ciclos combinados. Alonso cifra en unos 20 millones en España los usuarios de la TUR, cuyo límite máximo de consumo está establecido en 10 kilowatios. Según las estimaciones de la UCE, el próximo año este límte se establecerá en 3 Kw, por lo que la mayoría de los consumidores se verán “expulsados”.

Alonso califica de trampa la intención del Ministerio de acabar con el déficit tarifario mediante nuevos impuestos a la generación, ya que los nuevos impuestos repercutirán sobre el consumidor. Como anécdota comentó también que los usuarios pagan mensualmente 3 euros por el alquiler de un contador que cuesta 30, y que en menos de un año, está totalmente amortizado, siendo el montante total en la facturación de las compañías eléctricas por este concepto del orden de 800 millones de euros.

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