A pesar del claro apoyo, por parte del Gobierno central, a la búsqueda de gas de esquisto o shale gas (y de cualquier otro hidrocarburos), el desarrollo en nuestro país de esta industria no tiene futuro y no prosperará. Desde 2011, y a la luz de las decisiones gubernamentales en materia de energía, se ha creado una importante movilización social e institucional por esta cuestión.
Se han creado decenas de plataformas ciudadanas y asociaciones por todo el Estado para defenderse de la nueva fiebre del oro negro protagonizada por el ministro de Industria, Energía y Turismo. Desde catedráticos, científicos, agricultores, ganaderos, sindicatos, instituciones y ciudadanía todos han mostrado su rechazo o plantean serias cautelas ante el fracking y las prospecciones petrolíferas.
El caso de la fractura hidráulica es especialmente significativo. El movimiento ciudadano ha propiciado que varias provincias españolas y más de 400 municipios se declaren libres de fracking (gran parte de ellos gobernados por el partido en el Gobierno). Incluso seis comunidades autónomas han legislado para protegerse de la fractura hidráulica: Andalucía, Cataluña, La Rioja, Navarra, Cantabria o Asturias. Euskadi, donde estarían las mayores reservas, está también en proceso de legislar en contra del fracking. El Gobierno se ha quedado solo en su apuesta por proseguir con el viejo modelo energético basado en los búsqueda de nuevos hidrocarburos.
Hace casi un año que 20 partidos firmaron, en el Congreso de los Diputados, su compromiso de prohibir el fracking si llegan a gobernar, incluidos Ciudadanos y Podemos que probablemente mucho tendrán que decir en la próxima legislatura.
Y para mayor desgracia de los apóstoles de la fractura hidráulica, cada día van apareciendo más datos, estudios científicos e informaciones procedente de los EEUU, la meca del fracking. Allí el cuento de hadas del gas de esquisto parece se va transformando en una película de terror. Este mismo año Nueva York ha cerrado su territorio al fracking, y cada vez más Estados discuten sobre prohibirlo. En Europa también se sigue la misma tendencia, Escocia y Gales acaban de legislar en contra, y 17 países miembros de la UE también han dicho a la Comisión Europea que no van a autorizar el fracking.
Los vendidos beneficios económicos de esta industria también se desmoronan. David Einhorn, director y fundador de la firma de inversión Greenlight Capital, aseguró la pasada semana que las empresas de fracking no valen nada. Otra agencia estadounidense acaba de hacer público que la mitad de las empresas de fracking de EEUU quebrarán o se venderán este año. Sin embargo, en España algunos visionarios económicos dicen todo lo contrario.
Y tampoco parece que desde el punto de vista laboral la instalación masiva de esta industria en España vaya a ser muy esperanzadora. Según sus promotores “el fracking generará 260.000 puestos de trabajo en España”. Bastante lejos de los 3.053.163 empleos que se crearían si nos centráramos en conseguir un sistema eléctrico 95% renovable en 2030, como demuestra el último informe de Greenpeace: “La recuperación económica con renovables”. Esto además beneficiaría directamente a todos los consumidores energéticos del país, haciendo que nuestra factura anual bajara de media un 34% respecto a la de 2012.
Con todo lo expuesto aquí y por lo que seguramente nos seguirá llegando en los próximos meses, parece que no hace falta ser un visionario o aventajado analista para poder decir que al menos en España no prosperará la industria del fracking.
Julio Barea (@juliobarea) responsable de campaña de Greenpeace España
