La renovación del marco fiscal español para atender a criterios de eficiencia energética supondría un avance en el retraso que el país sufre en este ámbito y permitiría aligerar otras cargas impositivas al ciudadano. Esta recomendación, formulada hoy por expertos científicos en la materia desde la isla gallega de A Toxa, implicaría aplicar impuestos con base en un sistema de calificación de los edificios similar a la de los electrodomésticos, lo que incentivaría las medidas de rehabilitación encaminadas a lograr la certificación A, que estaría exenta de tasas.
A lo largo de ayer y hoy, la élite científica mundial en temas de energía, medio ambiente y economía se da cita en A Toxa (Pontevedra) en la que ya se ha convertido en cita de referencia en Europa en este ámbito. Se trata del Workshop Atlántico sobre economía energética y ambiental, en el que los expertos de 14 países de todo el mundo que participan en el congreso presentan los resultados más relevantes de sus últimas investigaciones, con la perspectiva de que, como ya viene siendo habitual, los decisores en este ámbito las tomen como base en el diseño de las políticas energéticas del futuro.
Pedro Linares, investigador de Economics for Energy, señaló que España es mucho más ineficiente en su uso de la energía que los países de su entorno. “Esta situación se debe en parte al modelo en el que se ha basado el desarrollo de la economía española en los últimos años, muy apoyado en la construcción de viviendas e infraestructuras. Sin embargo, incluso cuando estas actividades se han reducido mucho, España sigue sin aproximarse a la media europea, en especial en los sectores de la edificación y el transporte”, explicó.
Los investigadores pusieron de manifiesto que el potencial de reducción de la demanda energética a precios asequibles es muy grande. Según recientes estudios de Economics for Energy, la evolución de las tecnologías y la ejecución de las políticas que dan soporte a su aplicación se podrían traducir en el año 2030 en una reducción acumulada del 40% de la demanda energética en España sobre el escenario previsible en ausencia de medidas de ahorro. Sin embargo, la falta de señales adecuadas a los consumidores se encuentra entre los factores que ponen en peligro la evolución positiva de esta situación. Por este motivo, los expertos consideran que existe margen aún para, incrementando la fiscalidad sobre la energía, incentivar a los consumidores para que reduzcan sus consumos.
Linares advirtió que es previsible que la armonización fiscal europea suponga un aumento significativo de los precios de la energía en España, por lo que es prioritario habilitar medidas que fomenten el ahorro. “En el caso de los edificios, uno de los sectores de mayor consumo de energía en España, es necesario combinar un mayor esfuerzo de información, principalmente mediante la obligación de la certificación energética de edificios existentes, con instrumentos fiscales, como por ejemplo un nuevo impuesto que grave la ineficiencia energética de los edificios, tal y como se recoge en una investigación reciente de Economics for Energy”, expuso. Así, los propietarios de edificios con etiquetas energéticas peores (B o C) pagarían más y se verían incentivados a rehabilitar energéticamente sus instalaciones para alcanzar la etiqueta A, exenta de tasas. Se trataría, por tanto, de un impuesto incentivador, que conduce a la exención de impuestos como consecuencia de las reformas necesarias para lograr un mayor ahorro energético.
“Sin embargo, esto no debería necesariamente implicar un aumento de la carga fiscal para los consumidores. Hay otros impuestos claramente ineficientes, como los impuestos al trabajo, que podrían ser sustituidos por estas u otras nuevas fuentes de ingresos, en lo que se conoce como una reforma fiscal verde”, aclaró Linares.
La responsable de Planificación Energética del Ministerio de Industria, María Sicilia, coincidió con los expertos en que los dos grandes retos en materia de eficiencia energética para España son la edificación y el transporte.
En definitiva, los expertos han planteado hoy que una reforma y ordenamiento de la fiscalidad en España que penalice el consumo energético –y a la vez reduzca las cargas impositivas sobre el trabajo o los impuestos no eficientes– traerá beneficios para la economía en general, además de para el medio ambiente y para la balanza comercial española, al reducir mediante eficiencia las importaciones energéticas. “En estos momentos de crisis económica, una reforma como esta debería ser más que bienvenida”, apuntaron.
