Reproducimos a continuación íntegramente las durísimas declaraciones de ANPIER sobre las supuestas falacias que vierte UNESA en contra de las subvenciones a las renovables. A consecuencia de la retroactividad introducida por el anterior gobierno, se prevé que en los próximos tres años peligren el 70% de las instalaciones fotovoltaicas. Mientras tanto, el gobierno sigue sin actual y el tejido industrial renovable español busca alternativas en el mercado exterior. El autoconsumo, que parecía la salida a tanto desacierto, sigue a la espera del pistoletazo de salida, pero aún no sabemos dónde se acabará dando el tiro, si en el pié o ……
«UNESA miente sobre el sector fotovoltaico
para mantener sus privilegios»
Una vez más, el todopoderoso sector de la producción de energía convencional (UNESA), sale a la palestra para enturbiar el margen de decisión del legislativo. Su nueva perla, cargada de falacias y mentiras, asegura que el sector fotovoltaico no debería de tener más allá de la rentabilidad razonable que el Sector energético tiene en su conjunto. La contestación que los productores de energía renovable habremos de dar a dicha consideración es que “ojalá se nos pudiese mantener alguna rentabilidad en nuestras inversiones”.
¿Cómo se puede creer alguien que los pequeños productores que se están yendo a la quiebra se les está manteniendo una rentabilidad siquiera razonable? ¿De qué sirve que las inversiones auspiciadas por los Gobiernos anteriores supongan un rédito financiero a veinte años si antes de los próximos tres, el 70% de las instalaciones van a dar fallido por culpa de la retroactividad de la nueva legislación?
UNESA olvida interesadamente la realidad.
Primero el Gobierno de Aznar (RD 436/2004) y después el de Zapatero (RD 661/2007) promovieron un sistema de incentivos a la energía fotovoltaica por aplicación de una normativa europea que resultaba muy incómoda al sector convencional: Por un lado, se pretendía fomentar el desarrollo de energías limpias, que contrariamente a lo que se dice, produce claros retornos económicos a las cuentas del país, pues en el medio plazo evita la dependencia energética con el exterior y nos da un margen extraordinario desde el punto de vista de gestión de los derechos de emisión; pero por otro, y mucho más importante si cabe, da entrada en un ámbito clarísimamente monopolístico de pequeños actores en el sistema, que habrían de facilitar la libre competencia de un mercado dominado por media docena de personas. ¿Acaso alguien se cree que es otro el problema que tiene UNESA?
Su exceso mediático en contra de la fotovoltaica no se entiende de otro modo más que por la intención de mantener su estatus plenipotencial en el sector de la producción de energía, amén de desviar el foco de atención en su continuada actuación extorsionadora. Hemos de decir que hasta ahora les está funcionando, pues si la población verdaderamente reflexionase el por qué nadie en este país comprende cómo se calcula la factura de la luz, o el increíble mercadeo existente a la hora de fijar el precio de la energía en un mercado que sólo dominan ellos, o las ingentes cantidades que han recibido por el trasvase a un sistema (inexistente en la práctica) de libre competencia, o el sinfín de altos cargos de diferentes Gobiernos que ostentan en la actualidad puestos en los Consejos de Administración de las Eléctricas, o los desproporcionados beneficios que en medio de una crisis hasta ahora desconocida siguen teniendo las eléctricas,… Si todo esto fuese racionalizado por la ciudadanía, otro gallo les cantaría.
Ahora pretenden que al sector fotovoltaico se le envíe al inframundo vulnerando principios como la seguridad jurídica o la confianza legítima en las normas emitidas por el Estado. Eso sí, a ellos, “Virgencita, Virgencita déjame como estoy”. Desde luego es sorprendente su deseo de crear conceptos jurídicos de nuevo cuño: “La legalidad unidireccional”, o lo que es lo mismo, a mí que se me aplique la Ley, pero a los demás me da igual que se les pise.
ANPiER
ANPiER nació para defender firmemente al sector desde la posición del productor ante la incertidumbre generada por el gobierno en relación con las inversiones en instalaciones de energía renovable en 2010. En la actualidad, cuenta con 3800 asociados en toda España.
