Bruselas ya había advertido al Gobierno que debería comunicar las nuevas políticas energéticas con un plazo de tiempo. El plazo ya se ha cumplido y ha pasado a la acción abriendo un expediente a España en el que le acusa de no haber comunicado las medidas que tiene previsto adoptar para el objetivo de que en 2020 el 20% de la generación eléctrica provenga de fuentes renovables.
Precisamente, la Unión Europea ha esperado más de dos años para iniciar este expediente y parece que ser que ha coincidido con los últimos cambios regulatorios aprobados para acabar con el déficit de tarifa. Una decisión del Ejecutivo de Rajoy que no ha gustado nada a la Comisión Europea, concretamente al comisario de Energía, Günther Oettinger, quien pidió explícitamente que la reforma energética no hiciera peligrar las renovables.
Objetivo europeo 20-20-20
No se puede extender el refrán de “consuelo de muchos”, pero el expediente también se amplía a Italia que tampoco comunicó sus nuevas políticas energéticas antes del 5 de diciembre de 2010. Bruselas exigía a España e Italia esta comunicación para comprobar cómo se avanzaba en la transposición de las directivas de renovables a sus legislaciones nacionales.
Uno de los pilares de las directivas es priorizar el acceso a la red de las energías renovables, una filosofía que la reforma energética le da un jaque mate al imponer una retribución fija basada en unos estándares que se calcularán para toda la vida del proyecto.
Se trata de la segunda fase de un procedimiento de infracción. Ahora tanto el Gobierno español como el italiano deben corregir la situación en el plazo de dos meses, de no ser así el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Esta decisión de Bruselas tiene antecedentes en diecisiete procedimientos similares que afectan a Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Chipre, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Malta y Polonia.
Expediente a la reforma energética
Además, la Unión Europea también ha abierto un expediente informativo a España contra la reforma energética que entró en vigor este año y que recoge una tasa a la generación eléctrica del 7% de manera indiscriminada a todas las tecnologías. A juicio del Gobierno comunitario, la nueva tasa del 7%, en vigor desde principios de año, podría ser contraria al Derecho de la UE.
El expediente fue comunicado a finales de agosto y Bruselas dio diez días al Gobierno español para informar a la Comisión sobre dicho impuesto indirecto. Si la CE no estuviera conforme con la respuesta de España, iniciará un procedimiento de incumplimiento contra España.
Según las fuentes consultadas, el Gobierno español todavía no ha contestado a la petición de Bruselas, lo que podría haber acelerado el expediente comunicado, ya que ambos expedientes están relacionados. Este expediente está motivado por una denuncia elaborada por los abogados de Holtrop en nombre de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que es la segunda de una serie de seis demandas, de las cuales tres ya han sido presentadas, y en las que se solicita a la Comisión Europea que inicie diversos procedimientos de incumplimiento contra España, porque su legislación en este ámbito es contraria al Derecho Europeo.
