Pese a que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó hace 2 meses ante la Fiscalía Anticorrupción nueva documentación para reabrir el caso de los 3.400 millones de euros que las eléctricas cobraron de más por los Costes de Transición a la Competencia (CTCs), junto a 143.000 firmas recogidas, este órgano no considera relevante la documentación aportada.
“Me sorprende que la Fiscalía Anticorrupción esté diciendo que no reviste carácter penal que las grandes eléctricas, entre 1998 y 2006, se embolsaran 3.400 millones de euros de más, un dinero que salió del bolsillo de todos los contribuyentes”, explica Jorge Morales de Labra, experto en el sector eléctrico y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético a EnergyNews. Ese dinero que se cobraron de más las grandes eléctricas no está repartido a partes iguales, sino que es Endesa la más beneficiada, con 51,2% del total reclamado, un 27,1% correspondería a Iberdrola, un 12,9% a Unión Fenosa, un 5,7% a Hidrocantábrico y 3,10% a Elcogás.
Los 3.400 millones de euros de los CTCs
Hay que recordar que esta Plataforma, un movimiento ciudadano que apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética, presentó el 3 de junio de 2013 una denuncia en Anticorrupción por las puertas giratorias entre políticos y sector eléctrico. Un mes después amplió la denuncia a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran a los ciudadanos 3.400 millones de más en los CTC.
En noviembre pasado salió a la luz pública que la Fiscalía Especial contra la Corrupción había iniciado una investigación para aclarar por qué el Gobierno del PSOE permitió que prescribiera una deuda de las compañías eléctricas, pero un mes después ésta lo archivó.
Aún así, la plataforma presentó nuevos documentos como el borrador de orden ministerial sobre cómo realizar las liquidaciones y recuperar el dinero, y sendos informes de la Asesoría Jurídica del Estado y de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) instando al Ejecutivo a reclamar dichas cantidades. Además, junto con Avaaz y una nutrida representación de partidos políticos, Podemos, UPyD, Ciudadanos, ICV y Equo, presentaron 143.000 firmas ciudadanas para reabrir el caso.
Si desde junio de 2013 hasta noviembre de 2014 pasó un año y medio en tomarse una decisión, en poco más de tres meses, se ha archivado, investigado la posibilidad de volverse a reabrir y volverlo a cerrar. La premura de este procedimiento cuando menos impresiona.
Todavía queda Bruselas
“Si pones una denuncia por la vía penal dejas en manos de la Fiscalía Anticorrupción que decida si hay o no delito, pero si directamente te querellas, es decir, confirmas que se ha cometido un delito de malversación de fondos, entonces el procedimiento va directamente a manos de un juez”, asegura Daniel Pérez de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law, el despacho de abogados que lleva este caso. “No hay que olvidar que desde el punto de vista penal es irrelevante la cifra, los 3.400 millones de euros cobrados de más, pero desde el punto de vista del consumidor, estaríamos hablando de que un 10% de ese dinero serviría para pagar el déficit de tarifa que se generó en 2014”.
“La otra vía”, continúa Daniel Pérez, “es recuperar esas cuantías llevando el caso a Bruselas, porque según el derecho español el plazo para solicitarlo es de 4 a 8 años pero en derecho europeo el plazo es mucho mayor”.
Y según nos cuenta Daniel Pérez, no es la primera vez que una condena de Bruselas a España echa por tierra una decisión gubernamental: “Ocurrió con el céntimo sanitario, un recargo al consumo de hidrocarburos que estuvimos pagando durante 10 años y contrario al derecho comunitario que Bruselas lo consideró ilegal. Curiosamente este fallo fue gracias a un transportista catalán que lo denunció al igual que la ley hipotecaria española, también declarada ilegal por el Tribunal de la UE, cuando un nacional de origen marroquí denunció el contrato abusivo de su hipoteca. Y no hay que olvidar el famoso y ya extinto canon digital, también considerado ilegal”, concluye Daniel Pérez, “entonces, ¿por qué no luchar por un dinero que es de todos los consumidores?”.
