En un comunicado a esta redacción, ANPIER, la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables, lamenta que las grandes compañías eléctricas españolas estén únicamente orientadas a incrementar sus cifras de facturación y den la espalda a la nueva realidad social, económica, medioambiental y energética.
Un modelo energético sostenible y seguro, 55.000 familias productoras de energía fotovoltaica al borde de la ruina, 120.000 empleos en peligro, la confianza de los grandes inversores internacionales, el desarrollo de un tejido industrial innovador y el respaldo de la UE no están siendo argumentos suficientes para que las grandes compañías eléctricas españolas modifiquen su actitud.
La Comisión Europea, en el informe nº 310, de 30-05-2012, pide a nuestro país, recortar los abultados beneficios de las eléctricas españolas. En este sentido, “estamos presenciando situaciones escandalosas”, considera Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de ANPIER, que ha declarado que “en el último trienio, las tres grandes compañías eléctricas españolas han alcanzado los 21.991 millones de euros en beneficios, mientras que los ciudadanos españoles estamos pagando un 70% más que en 2006 en nuestras facturas. Además, los precios de la electricidad subieron cerca del 10% en la última subasta entre comercializadores de último recurso y cayeron sorprendentemente en similar proporción tras su celebración, siendo estas subastas las que deciden los precios de la Tarifa de Último Recurso (TUR) a la que estamos acogidos más de 20 millones de usuarios y lo que ha supuesto unos sustancioso réditos adicionales para las grandes eléctricas”.
También conviene recordar, continuó el Presidente de ANPIER que “estos 20 millones de abonados españoles contribuyen con un porcentaje fijo de cada una de sus facturas a lo que fue una especie de rescate de estás empresas en concepto de la moratoria nuclear decretada en el año 1984, que supuso 63.904.143,03 Euros en 2011 y cada año una cantidad similar a cambio de nada”. Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria y Energía desde 1993 hasta 1996, afirmó: “Es conocido que en pleno proceso de transición a la democracia el sector público hubo de rescatar financieramente a las empresas eléctricas del país, que se habían embarcado en un proceso de inversión faraónico, derivado de una planificación delirante, en absoluta contradicción con las necesidades constatadas de la demanda eléctrica en España” según se ha publicado en Cuadernos de Energía, en su nº 21 (19/06/2008), editado por el Club Español de la Energía.
La Unión Europea, muy pendiente da la nueva reforma del sector, ha advertido recientemente que “Una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares” y añade “La suspensión de las ayudas a las energías renovables desalienta la inversión en el sector” (dictamen del Consejo sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015, pág. 26).
Desde ANPIER se rechaza la doble moral de las grandes compañías eléctricas españolas, que “se envuelven y promocionan bajo la túnica de la sostenibilidad medioambiental y el respeto a las personas, para luego atacar a las energías renovables y sostener un modelo nocivo y peligroso. Hipotecan el medio ambiente, nuestro futuro y el de nuestros hijos, todo para engrosar las cifras de facturación y sus retribuciones personales” concluyó Miguel Ángel Martínez-Aroca.
