Mientras el déficit de tarifa sube sin cesar y el Gobierno ya ha enviado al Senado el proyecto sobre fiscalidad para tratar de paliarlo, en la Junta de Andalucía, fortalecida por las últimas inauguraciones de termosolares y los buenos índices de energía eléctrica a partir de renovables (36% del total), reclaman al Gobierno un gran acuerdo sobre política energética que proporcione una base regulatoria estable y que fortaleza la competencia del sector de las energías renovables.
No recuerda el Consejero de Economía Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, que fue algún ministro de su partido el que comenzó con los recortes.
Antonio Ávila, que ha participado en Granada en el Foro Desarrollo Sostenible, organizado por Ideal e Iberdrola, ha señalado que es imprescindible que esta hoja de ruta sobre políticas de fomento de energías renovables y actuaciones de eficiencia energética se desarrolle en un escenario de colaboración del Estado con las Comunidades Autónomas.
Solicita el consejero una estrategia a largo plazo con políticas de fomento de las energías renovables y con normativas estables, y marca como prioridad poder mantenerlas dentro de su margen competencial para permitir el desarrollo futuro. Quizás una política energética descentralizada pudiera liberalizar más el mercado y permitir una competencia real en el sector eléctrico. Según Ávila, la suspensión de los procedimientos de preasignación estatal de retribuón y los incentivos para nuevas instalaciones, dejaron en el aire 4.300 MW en instalaciones renovables ya priorizadas por la Junta, en las que hay comprometidas inversiones de casi 12.000 millones de euros, que podrían generar empleos directos para más de 38.000 personas y que puede afectar a la ejecución de otros proyectos industriales asociados a las energías renovables que estaban en cartera.
Como ejemplo, en Granada la medida ha paralizado 54 proyectos de distintas tecnologías renovables priorizados por la Junta, que suponían inversiones por valor de 2.000 millones de euros y la creación de 6.500 puestos de trabajos, así como la generación de 900 MW.
Sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, la ha calificado como claramente discriminatoria para los proyectos renovables. Si esta ley, que entrará en vigor a principios de 2013, mantiene su actual redacción, ha explicado, afectará a algunas de las tecnologías renovables más relevantes en Andalucía, como la termosolar o la biomasa. Para el consejero, encarecerá la tarifa eléctrica de los consumidores, penalizará de forma injustificada las energías renovables y de cogeneración y no será realmente eficaz para solventar el problema del déficit de tarifa.
Para el consejero la no inclusión de las las renovables en los PGE 2013 evidencian el abandono del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética y el Plan Nacional de Energías Renovables. No tiene en cuenta que la no inclusión de las renovables en los PGE es un logro de las Asociaciones que vieron en esta enmienda una clara discriminación respecto de las tecnologías de generación fósiles.
Por último, Ávila denuncia el cambio de reglas del juego, ya que esto mermará y pondrá en riesgo la posición de liderazgo de Andalucía en el sector renovable, y peligrará el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia energética en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad 2020 de la Unión Europea; y repercutirá en los programas de ahorro y de eficiencia energética que oferta la Junta de Andalucía.
