La producción nacional de biodiésel bajó en 2011 por primera vez en la historia, derrumbándose casi un 50% en un año. Además, las importaciones desleales de biodiésel coparon el 89% del mercado en el último trimestre del pasado año, agravando la situación del sector en España. APPA Biocarburantes ha pedido al nuevo Gobierno que publique la Orden del biodiésel en el BOE sin más demora para evitar la desaparición del sector.
La industria española de biodiésel ha entrado en una fase definitivamente terminal, que acabará con su práctica desaparición salvo que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) publique rápidamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden de asignación de biodiésel que quedó completamente tramitada durante la pasada legislatura. Así de contundente expresa APPA Biocarburantes su opinión a la vista de los últimos datos conocidos en torno a este sector.
La magnitud de la tragedia es evidente: las importaciones de biodiésel, procedentes casi totalmente de Argentina e Indonesia, alcanzaron en el último trimestre de 2011 una cuota del 89% del mercado español. Pese al aumento de la demanda de biodiésel, la producción de la industria nacional bajó en 2011 por primera vez en la historia, derrumbándose casi un 50% y situando el ratio medio de utilización de su capacidad en sólo el 14%.
“Desgraciadamente, el sector del biodiésel está en las últimas”, asegura Alfonso Ausín, presidente de APPA Biocarburantes, para quien “sólo una actuación rápida y decidida del nuevo Gobierno puede salvar este tejido productivo y sus puestos de trabajo”.
La crisis que arrastra la industria española del biodiésel desde hace varios años está causada por la competencia desleal de Argentina e Indonesia, países que aplican un sistema de tasas diferenciales a la exportación (TDE) mediante las que gravan en menor medida el biodiésel que las materias primas utilizadas para su fabricación.
Ello otorga a ambos países una ventaja competitiva artificial, estimada en más de 100 € por tonelada de biodiésel, que ha llevado a la parálisis de la gran mayoría de las cincuenta plantas existentes en España, entre las que se extienden los concursos de acreedores y las regulaciones de empleo, sin que ni siquiera las fábricas más grandes estén en condiciones de aguantar esta situación por mucho más tiempo.
Tras varios años reclamando al Gobierno la adopción de medidas internas similares a las aplicadas en Francia, Bélgica, Portugal o Grecia, que impidieran esta competencia desleal, el antiguo MITyC decidió a mediados de 2010 impulsar un proyecto de Orden de asignación de cantidades de producción de biodiésel, que fue oficialmente presentado a finales de octubre de ese año.
En los meses subsiguientes, el proyecto fue superando satisfactoriamente todas las fases de su tramitación administrativa, incluyendo informes favorables de la CNE y del Consejo de Estado, quedando la Orden firmada por el entonces Ministro, Miguel Sebastián, a principios del pasado mes de junio. Desde entonces, se viene retrasando su publicación en el BOE debido a las fuertes presiones en contra que viene ejerciendo el Gobierno argentino, que amenaza con represalias económicas.
El retraso que acumula la aprobación de esta Orden pone en serio peligro de desaparición definitiva a todo un sector productivo, que ha invertido 1.400 millones de euros y aún mantiene cerca de mil puestos de trabajo directos de media y alta cualificación.
