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UNCCUER alerta de los impactos de la nueva financiación del bono social sobre los usuarios

UNCCUER alerta de los impactos de la nueva financiación del bono social sobre los usuarios
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En un comunicado alerta de que la entrada en vigor del Real Decreto-Ley sobre la financiación del bono social eléctrico supondrá que todas las comercializadoras repercutirán a sus usuarios el coste y apela a que los criterios aplicados se basen en parámetros de proporcionalidad a los ingresos brutos de las compañías eléctricas, “o en el peor de los casos, a la energía vendida“.

Como ya os hemos contado en ocasiones anteriores y recuerda la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Energías Renovables (UNCCUER) en su comunicado el bono social tal y como se conoce actualmente es un descuento del 25% que determina el Gobierno y que ha de aplicarse a la tarifa denominada PVPC.

A la tarifa PVPC tienen derecho todas las personas consumidoras con potencia contratada inferior a los 10kW (la mayor parte domésticos), y al bono social un conjunto de usuarios que deben cumplir unas condiciones concretas, en todo caso ajenas al nivel de renta de las familias.

Hasta la fecha los sucesivos gobiernos han determinado que el bono social fuera financiado por aquellas empresas que desarrollaban actividades de comercialización, distribución y producción. Una sentencia del Tribunal Supremo declaró inaplicable el mecanismo de financiación implantando en 2013 por considerarlo discriminatorio.

Propuestas de financiación del bono social

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital plantea que sean la totalidad de las empresas comercializadoras las que financien el bono social, estando incluidas las cooperativas integradas en UNCCUER. Todas ellas actualmente operan en mercado libre por lo que no pueden ofrecer tarifas en el mercado regulado o PVPC, a pesar de que quieren ser agentes activos en la lucha contra la pobreza energética, prosigue el comunicado.

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Desde la Unión queremos apelar a que los criterios aplicados se basen en parámetros de proporcionalidad a los ingresos brutos de las compañías eléctricas, o en el peor de los casos, a la energía vendida. Queremos subrayar que estas medidas supondrán que todas las comercializadoras repercutirán a sus usuarios la financiación del Bono Social“.

Asimismo, señala que desde el propio Estado se reconoce que “el suministro de energía eléctrica constituye un servicio de interés económico general, pues la actividad económica y humana no puede entenderse hoy en día sin su existencia”.

Por eso, tanto las condiciones de aplicación como de financiación del bono social deben ser abordadas en su opinión desde los criterios de proporcionalidad y progresividad, desvinculándolas de la tarifa eléctrica y aplicando los mecanismos de solidaridad ya existentes que hacen partícipe a toda la sociedad.

El suministro de energía no debería ser un artículo de lujo, sino un bien básico garantizado. Desde la Unión tendemos la mano a todos los agentes sociales y políticos para trabajar de manera conjunta en el desarrollo del Real Decreto y garantizar así un suministro eléctrico al alcance de toda la ciudadanía“.

Rectificar la base del cálculo

Ya a mediados de diciembre antes de que el Consejo de Ministro aprobará el Real Decreto publicamos otro comunicado en este caso de EnergÉtica Coop y Som Energia en el que explicaban que la propuesta reflejaba que la cantidad que deberá aportarse para financiar el Bono Social se repartirá en relación al número de contratos existentes y que serán todas las comercializadoras de electricidad quienes deberán aportar dinero al fondo proporcionalmente al número de clientes que tengan.

Como cooperativas energéticas que abogamos por una participación ciudadana en el cambio de modelo energético y realizamos como actividad la comercialización de electricidad, queremos alertar que si el reparto se realiza de este modo, serán las familias y hogares quienes verán repercutido este incremento en mayor medida“, afirmaban.

Por ello, hacían un llamamiento para rectificar la base del cálculo y que éste se base en el volumen de energía comercializada en lugar del número de contratos.

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