Hace unos días os contábamos que la siderurgia mostraba su profundo descontento por los resultados de la subasta de interrumpibilidad al temer una pérdida de competitividad. Pero ese temor se hacía realidad y Alcoa anunciaba que iba a ejecutar un despido colectivo de dos de sus fábricas. Industria ya ha anunciado una segunda subasta para ampliar los pagos a este sector.
El sistema de subastas que se celebró a mediados de noviembre y que fue ideado por Red Eléctrica de España (REE) ha demostrado ser muy poco eficaz. Pese a que todos aplaudían el hecho de haberse ahorrado 200 millones de euros respecto al año anterior, el anuncio de cierre de dos fábricas de la multinacional del aluminio Alcoa ha provocado un cambio de reacción en el Ministerio de Industria.
Cierre de Alcoa
Unos días después de celebrarse la subasta, Alcoa anunció el inicio de una negociación con los trabajadores para ejecutar un despido colectivo en las dos plantas que tiene en A Coruña (con 395 trabajadores) y Avilés (otros 400). «La falta de servicios de interrumpibilidad, junto a una tecnología menos eficiente y una menor capacidad productiva, hacen que las fábricas de Avilés y A Coruña no puedan producir aluminio a un precio competitivo a partir del 1 de enero próximo», alegó la multinacional para justificar las bajas.
La multinacional consiguió sólo tres de los seis bloques de 90 megavatios (MW) a los que optaba en la subasta, cuatro para la planta de San Cibrao, en Lugo y una para cada una de las dos plantas de A Coruña y Avilés. Las dos factorías más pequeñas perdieron sus incentivos, por lo que el incremento de costes eléctricos les llevaría a pérdidas de al menos 8 millones.
Pérdida de competitividad
CCOO de Industria, por su parte, advertía de que la subasta con la que el Gobierno ha desarrollado la Orden IET/346/2014, de 7 de marzo, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, ponía en riesgo a los grandes consumidores de energía, al recortar los ingresos de algunas plantas a la mitad y dejar fuera a más de una veintena de instalaciones.
El sindicato criticaba que “el sistema de subastas ideado por REE fijó el precio de salida para el producto de 5 MW en 260.000 euros y el de 90 MW en 350.000 euros, lo que supuso recortes en la prestación de entre un 30 y un 50% para algunas plantas. Dejó fuera a 26 instalaciones, entre ellas las plantas de la gran industria del aluminio de Alcoa en Coruña y Avilés.”
Estos descensos en un servicio que es esencial para la garantía del suministro eléctrico y para apoyar la competitividad de las empresas con gran consumo energético, pueden suponer entre 15,5 y 17,8 euros / MW de incremento en el coste, según un estudio de la consultora KPMG.
Convocatoria de repesca
Ante esta situación, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado que el Gobierno realizará una nueva subasta de interrumpibilidad a la que podrán acudir todas las empresas que lo deseen pero en las «mismas condiciones».
Con esta repesca, de la que ya se hablaba antes de la crisis de Alcoa, se dará entrada a las 26 plantas que se quedaron fuera y se distribuirán los 200 millones de euros pendientes de asignación, es decir, se repartirán los entre 600 y 700 megavatios, que quedaron desiertos en la puja de los paquetes más pequeños, de 5MW interrumpibles, cuyo precio se desplomó en la subasta.
El coste final, tanto de la primera como de la segunda subasta, se integrarán en la parte del coste de la energía del recibo de la luz de todos los consumidores, o lo que es lo mismo, unos 550 millones de euros a repartir y a pagar entre todos.
