Ya os contábamos que la retroactividad de la reforma energética y el sistema de retribución provocarían el cierre definitivo de las 29 plantas de tratamiento de purines que hay en España. Sin embargo, ya hay una solución para evitarlo al aprobar el Gobierno un Decreto Ley por el que se destinarán 10 millones de euros en créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Comienzan las vacaciones para la clase política y hay temas que se han querido dejar cerrados. Uno de ellos ha sido la aprobación, el pasado 1 de agosto, del Real Decreto-ley 10/2014, de 1 de agosto, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de Defensa y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la gestión a corto plazo de los purines, un problema derivado de la reforma eléctrica aprobada en diciembre pasado y su retroactividad.
Consecuencias del Decreto Ley
Con el dinero se financiará el transporte de purín, con un valor aproximado de 5,56 euros por metro cúbico, y se diferenciará entre las explotaciones ganaderas situadas en zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos, que recibirán el 100% del coste, y las de zonas no vulnerables, que recibirán el 50%.
Esto determina que las mayores partidas se vayan a asignar a Cataluña (3,37 millones), Castilla y León (3,02 millones), Murcia (1,45 millones), Castilla-La Mancha (868.662 euros), Aragón (833.915 euros), Andalucía (277.972 euros) y Galicia (178.661 euros).
Según el Ejecutivo, esta decisión es meramente una medida a medio plazo para llevar a cabo un «adecuado tratamiento de los purines que evite la contaminación de las aguas, continentales y litorales, causada por los nitratos de origen agrario», dando así margen a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, para buscar e implementar una solución definitiva a la gestión de los pudines.
Según la memoria, los 10 millones de euros que el Gobierno repartirá entre las comunidades autónomas procederán de la baja de diferentes créditos del Ministerio de Industria, por lo que no tendrán impacto en el déficit público.
El problema de los purines
Ya os contábamos que los recortes a la cogeneración de la reforma eléctrica había provocado que la asociación del sector, ADAP (Asociación para el Desimpacto Ambiental de los Purines) anunciara el cierre definitivo de las 29 plantas de tratamiento de purines que hay en España, al generarlas una deuda de entre 1,7 y 3,5 millones.
Los purines son estiércoles líquidos que se generan en la producción de porcino y que constituye el «principal problema medioambiental» del sector ganadero. La mayor parte de estos residuos se utilizan como fertilizante, pero hay zonas con alta concentración de producción donde se generan excedentes, lo que se vuelve «especialmente grave» en los territorios declarados vulnerables a la contaminación por nitratos, que tienen límites más estrictos para prevenir y corregir la contaminación de las aguas.
Así, hasta ahora los purines que no se usaban como estiércol eran tratados en plantas de cogeneración, que se beneficiaban de un régimen retributivo especial con cargo al sistema eléctrico y, desde 2013, también a los Presupuestos. La treintena de plantas existentes trataban 2,5 millones de metros cúbicos de purín, un 4,5% del total, mientras que el resto se usaba de fertilizante.
La retroactividad de una ley
Sin embargo, con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Gobierno decidió aplicar el mismo régimen retributivo a todas las energías renovables, independientemente de la tecnología, calculándose los pagos en función de la participación en el mercado y una retribución regulada.
El Ejecutivo calcula que las primas que hubieran recibido las plantas de cogeneración a partir de purines habrían sumado 314 millones de euros, una cifra que se reduce a los 153 millones con la nueva ley.
«Esta reducción de las primas ha supuesto que la práctica totalidad de las plantas de tratamiento de purines con cogeneración hayan cesado su actividad», admite el Gobierno, señalando que el cierre de las plantas de secado ha tenido como «efecto colateral» la necesidad de buscar alternativas para los ganaderos.
