A punto de ahogarse. Hasta ese punto ha llegado Abengoa. Hoy vencía el concurso de acreedores según los juzgados, y justo ayer la compañía conseguía que el 75% de los acreedores aceptaran negociar el pacto definitivo de rescate. No es el final feliz del cuento porque tiene 7 meses por delante para seguir negociando, pero eso sí, sin tener que colgar el cartel de ‘cerrado’.
Abengoa ha conseguido que el 75,04% de los acreedores financieros aceptaran la solicitud de homologación del contrato de espera o standstill. De hecho, con este acuerdo la compañía supera en un 15,04% el mínimo 60% establecido por los jueces en este primer paso necesario antes de lanzar el acuerdo definitivo de reestructuración.
El contrato de espera o standstill permitirá a la compañía dejar en suspenso el ejercicio de determinados derechos de resolución y vencimiento anticipado de financiaciones. De esta forma, Abengoa podrá lograr el 75% de las adhesiones necesarias para obtener el acuerdo final.
Mientras tanto, en la plantilla se mantiene la expectación porque se tiene que poner en marcha el acuerdo de reestructuración y eso supone cambios laborales. Según el secretario de Política Industrial y Energía de CCOO de Industria, Ángel Muñoa, se reunirán mañana con el director de recursos humanos de Abengoa para conocer de primera mano el contenido con la intención de “entrar en materia” sobre el plan industrial y de viabilidad acordado con los acreedores de la multinacional.
Acreedores y nuevos préstamos
Para salvar la suspensión, Abengoa necesita una inyección de capital nuevo de entre 1.500 y 1.800 millones de euros en los próximos cinco años. Este dinero debería salir de los bolsillos de los fondos Attestor, Blackrock, Centerbridge, Delta, D.E. Shaw, Elliott, Eton Park, Houlihan Loke, Invesco y Värde, entre otros, que recibirán a cambio el 55% del capital de la nueva Abengoa.
Los actuales acreedores de la compañía, los bancos conocidos como G6, el Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, HSBC y Crédit Agricole, y los bonistas, tendrán un 30% en la nueva sociedad, tras aprobarse una quita del 70%. El resto se repartirá entre los actuales accionistas (la familia Benjumea y 50.000 minoritarios) y las entidades que aporten avales.
Chapter 11 y 15
En paralelo, Abengoa también presentará, como parte del proceso de reestructuración de la compañía, las solicitudes de Chapter 11*, para aquellas sociedades que están presentes en EEUU, y Chapter 15** para todas las sociedades, con el objetivo de hacer extensiva la protección y homologación del acuerdo en este país.
Este es un paso clave en el proceso de reestructuración de Abengoa y permite a la compañía llevar a cabo el Plan de Viabilidad Económica y Financiera propuesto y que ya ha sido aceptado por los acreedores financieros, retomar el negocio con estabilidad y proteger su posición de liderazgo en los sectores de energía y medioambiente.
Abengoa trabaja ya para cumplir con los objetivos establecidos en el redimensionamiento de la compañía, dotarla de la seguridad financiera necesaria y aportar el liderazgo y la gestión que permitan el desarrollo del potencial operativo y financiero de la compañía, así como su crecimiento y la generación de beneficios. Entre sus negocios no estratégicos se encuentran las plantas de biocombustibles de primera generación, de las que se irá deshaciendo en los próximos meses.
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* El capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos (en inglés Chapter 11 of Title 11 of the United States Code), permite a las empresas en el país norteamericano con problemas financieros a reorganizarse bajo la protección de la ley. Cuando una empresa no está en condiciones de asumir su deuda o de pagar a sus acreedores, se puede presentar una solicitud de protección de bancarrota por medio de un tribunal federal.
** El Capítulo 15, Título 11, del Código de Estados Unidos es una sección sobre quiebras de la que se ocupa la jurisdicción. Bajo el Capítulo 15 un representante de un procedimiento de quiebra corporativa (insolvencia) fuera de los EEUU puede obtener acceso a los tribunales del país. Permite la cooperación entre los tribunales nacionales y los tribunales extranjeros, así como otras autoridades de países extranjeros implicados en casos de insolvencia transfronteriza.
